El proceso nació en el año 2012 con la finalidad de estar en operación a finales de 2015, sin embargo, han trascurrido más de ocho años y apenas existen unos activos constituidos en una licencia y unos terrenos.
En el gobierno de Marcela Amaya, pagaron un valor aproximado a los $2 mil 400 millones de pesos en una oficina, un gerente, una secretaria y un abogado, sosteniendo la firma Llanopetrol.
La pretensión era de buscar un socio capitalista para poner en ejecución el proyecto, pero pasaron otros cuatro años de gobierno y a la fecha no hay refinería ni han liquidado el contrato. Cuatro ex funcionarios son investigado por el caso de la Refinería.
