Este señalado ‘fortín’ comprendía la unión de varios predios en el centro del departamento de Meta, en los municipios de El Dorado, San Martín y Puerto Concordia.
Fiscalía General de la Nación advirtió por presuntas irregularidades que habría registrado en el marco del proceso de compra tierras que adelanta el Gobierno para la Reforma Agraria y Rural, uno de los proyectos bandera del presidente Gustavo Petro.
El documento de 100 páginas expone posibles irregularidades en el procedimiento, advertencias sobre los terrenos que ya se han adquirido, e inconsistencias en las reglas de ejecución de ese ambicioso proyecto, inicialmente por la presunta baja ejecución presupuestal.
“La ejecución presupuestal para compra de tierras solo correspondió al 33% equivalente a $407.021.505.886 (…) debido a que los $645.000.000.000 fueron trasladados al Fondo Colombia en Paz, pero realmente la ejecución al 31 de diciembre de 2023 correspondió al 0%”, señala uno de los apartes del informe.
La Procuraduría también encontró varias irregularidades en los balances de compra de tierras para la reforma agraria, pues resaltan que el proyecto no menciona detalles importantes de la ejecución y adquisición de predios, pues el delegado señaló que omitieron información sobre las hectáreas compradas con los recursos.
“A partir de la información aportada por la ANT y la consultada en la plataforma SECOP II, no se evidencia coherencia en los avances financieros reportados, por lo que se sugiere mantener actualizada la información. Para cada pago realizado se sugiere el soporte del respectivo informe de supervisión que valide la labor o gestión realizada por el contratista”, añade el oficio.
Frente a las inconsistencias, el organismo recomendó que se fortalezcan los controles sobre los contratos y su ejecución, ya que al parecer, los informes no coinciden con la gestión y recursos implementados en este proyecto.
“Se sugiere incrementar los controles para la entidad y asegurarse de que se tenga un seguimiento continuo en materia financiera y fiscal, porque los informes no dan cuenta exacta de toda la gestión y recursos usados por la entidad lo que podría suponer faltas en la ejecución de recursos sin que se tengan identificadas”, señaló la Procuraduría.
El delegado para asuntos ambientales pidió que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) establezca un cronograma para la implementación de los recursos para permitir avances efectivos.
