Una fiscalía especializada formuló imputación de cargos contra los alcaldes de los municipios de Calamar y Miraflores (Guaviare), por el grave daño ambiental causado a través de la deforestación en la Amazonia.
“De acuerdo con las verificaciones, la construcción de una vía entre los dos municipios sin los permisos ni licencias ambientales, el paso continuo de vehículos pesados y los asentamientos posteriores a la tala y quema de bosques, incidieron en el deterioro del área protegida y en la afectación a las fuentes hídricas de la región”, señaló la Fiscalía General.
El alcalde del municipio de Calamar, Pedro Pablo Novoa Bernal, al igual que el de la población de Miraflores, Jhonivar Cumbe, habrían facilitado el avance de las obras en un corredor vial de 138 kilómetros y habrían sido permisivos frente a las irregularidades que se presentaron.
De acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la deforestación se triplicó en Guaviare durante el periodo de administración de los dos funcionarios.
Los investigadores de la Policía Judicial, señalaron que «pasó de 11.456 hectáreas en 2015 a 34.527 hectáreas en 2018. Varios de los focos de deforestación e incendios están relacionados con el área de influencia de la carretera ilegal”.
Ante estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los alcaldes de Calamar y Miraflores (Guaviare) como presuntos responsables de los delitos de daño a los recursos naturales agravado, e invasión de área de especial importancia ecológica agravada.
Durante la diligencia judicial, un juez de control de garantías de San José del Guaviare accedió a la petición de la Fiscalía y decretó como medida cautelar el cierre inmediato de la vía, además de la prohibición del tránsito de vehículos pesados, incluidos los de la Gobernación de Guaviare y maquinaria amarilla.
Cabe mencionar que a la audiencia fue citada la Corporación para el Desarrollo Sostenible para el Norte y Oriente Amazónico, en su calidad de autoridad ambiental y como víctima. Sin embargo, los representantes de esta entidad no asistieron.
Los fiscales a cargo del proceso enfatizaron que las labores judiciales continuarán dentro de estrategia de investigación contra la deforestación en la Amazonia colombiana.
