PELIGRA CONTINUIDAD DE VÍCTOR BRAVO EN SECRETARÍA DE GOBIERNO POR SANCIÓN DE TARJETA PROFESIONAL

Notillano.

Una vieja deuda que tardó, pero no tuvo rebaja, tiene en apuros al ex alcalde de Puerto López y hoy secretario de Gobierno del Meta, Víctor Manuel Bravo Rodríguez.

La Sala jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura lo ha sancionado con exclusión de la tarjeta profesional No.117168, según el magistrado, Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal, por actuaciones indecorosas que atentaron contra la dignidad de la profesión de abogado.

Conforme con el certificado de antecedentes expedido por la Secretaría General de dicho Tribunal Disciplinario, la sentencia es de fecha 8 de agosto de 2019 y de segunda y última instancia.

La pesadilla de Víctor Bravo, comenzó por un supuesto hecho de “estafa” a una ciudadana que estaba en proceso de divorcio y liquidación de la sociedad conyugal en el año 2009.

Entre ir y venir, acciones propias de un proceso, la señora habría entregado títulos valores por $897 millones a Bravo, ya siendo abogado de confianza, quien le aconsejó no consignar los cheques, bajo el argumento de que la DIAN se daba cuenta de su patrimonio.

Narra la investigación, que el habilidoso abogado dispuso del dinero y compró una finca por $199 millones de pesos y falsificó documentos simulando una sociedad con la incauta mujer, apropiándose de la mitad del bien, pero en la Cámara de Comercio no apareció registrada tal sociedad ni en notarías.

 

En consecuencia, el proceso Disciplinario contra el abogado, Víctor Bravo, tardó varios años en el Consejo de la Judicatura con nulidades en etapas procesales y nuevas actuaciones hasta que, el magistrado, Christian Eduardo Pinzón Ortiz, ponente del caso en el año 2017 consideró excluirlo de por vida de la profesión de abogado.

Su compañera de sala, magistrada, María Jesús Muñoz Villaquirán, se apartó de la ponencia y llamó al abogado, Carlos Arturo León Ardila, quien actuó como conjuez y fallaron sancionándolo con suspensión de la tarjeta por dos años.

El Ministerio Público no estuvo de acuerdo y apeló, yéndose el caso al superior jerárquico donde revocaron la decisión y en agosto de 2019 lo sancionaron con exclusión de la tarjeta de por vida.