Esta investigación se relaciona con graves irregularidades detectadas en millonarios contratos de carácter social.
Investigadores de la Fiscalía General de la Nación ocuparon con fines de extinción de dominio bienes por más de 5.900 millones de pesos pertenecientes a varios exfuncionarios de Ecopetrol investigados por actos de corrupción en contratación.
Las labores judiciales fueron desplegadas por equipos especializados del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, dentro de un proceso de extinción del derecho de dominio que adelanta la Fiscalía General de la Nación.
Los operativos de extinción de dominio se llevaron en cabo en varios municipios como Villavicencio y Restrepo (Meta); Palermo (Huila); Sopó (Cundinamarca) y Bogotá.
Según las investigaciones el detrimento causado en este caso se estima en más de 30 mil millones de pesos, tras el incumplimiento en relación con cinco convenios de obras sobre los cuales faltó a lo pactado en su momento la Corporación País Rural con la empresa Ecopetrol.
En su oportunidad trascendió que producto de estos hechos se afectaron inversiones en zonas del país como Huila, Putumayo y principalmente el departamento del Meta.
Por estos hechos, fueron judicializados por parte de la Fiscalía General de la Nación cuatro personas, entre ellos dos miembros de País Rural, un ex directivo de Ecopetrol y una exempleada de la petrolera.
De acuerdo con los peritos de la Fiscalía en este caso se detectó que los contratos se celebraron sin la debida planeación y sin contar con la justificación de estudios previos ni presupuestos de viabilidad.
También se estableció por parte de los investigadores que dichos contratos fueron pagados en su oportunidad sin que la Corporación País Rural ejecutara las obras.
De igual forma, se determinó que se llegó a autorizar el pago de cuantiosos giros a favor de la Corporación País Rural, amparados en actas falsas de ejecución y de liquidación, con el fin de tratar de justificar los millonarios desembolsos.
En torno a este caso, los fiscales a cargo del proceso investigan la comisión de delitos como peculado por apropiación agravado, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
