Los hechos ocurrieron en Buenaventura. A través de una acción de grupo denunciaron riesgo a su pervivencia física y cultural por la inadecuada atención que el Estado le a brindado desde que fueron desplazados.
Entre el 24 y 29 de septiembre de 2014, miembros de las comunidades Aguaclara, Chamapuro y Chachajo del pueblo indígena Wounaan, que habitan en el Bajo San Juan, entre el departamento de Chocó y Valle del Cauca, fueron víctimas de desplazamiento forzado por cuenta de los enfrentamientos que se registraron entre el Ejército y grupos al margen de la ley dedicados a cometer homicidios selectivos, extorsiones, apropiarse de manera violenta de sus tierras y realizar siembras ilícitas.
Durante los primeros días, las comunidades indígenas se confinaron en sus casas, sin embargo, los fuertes enfrentamientos los obligaron a desplazarse a Buenaventura, Valle del Cauca. En medio del desplazamiento tanto niños como mujeres se enfrentaron a condiciones indignas como poco acceso a la alimentación y no contaban con servicios públicos básicos por lo que decidieron retornar a sus lugares de residencia, pero allí no encontraron garantías de acceso. Todo lo padecieron los indígenas pese a que había una alerta de la Defensoría del Pueblo que presentaban los riesgos.
Con sus derechos vulnerados, los líderes de las comunidades presentaron una acción de grupo en el que reclamaron omisión del Estado. Demandaron a la Fiscalía, la Defensoría, los Ministerios del Interior y de Defensa, el Ejército, el departamento del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali y el municipio de Buenaventura, entre otras entidades del Estado. En el documento reclamaban, básicamente, que no se tomaron medidas para prevenir el desplazamiento forzado.
Las entidades demandadas respondieron uno a uno los reparos que hicieron las comunidades. La Alcaldía de Cali reseñó que prestó atención necesaria. Entregó ayuda humanitaria con enfoque diferencial, en materia de educación hizo una jornada de vinculación de los niños a las entidades educativas, en salud concertó el traslado de los miembros a una EPS, y finalmente, proporcionó transporte para el retorno a sus territorios.
El Ejército, por su parte, dijo que no hubo omisión ya que en la zona se desplegaron operativos para evitar afectación por parte de grupos armados ilegales. Las demás entidades como la Policía, la Armada, el Ministerio del Interior y la Defensa aseguraron que activaron los planes, no solo para un buen retorno tras el desplazamiento, sino también erradicar afectaciones en el interior de las comunidades.
No obstante, para el Consejo de Estado está claro que las Fuerzas Armadas conocían la situación de riesgo que enfrentaban las comunidades, puesto que la Defensoría y autoridades locales llamaron la atención años atrás. El alto tribunal reprochó que no se previno el desplazamiento, y además, “toleró” la presencia de los grupos armados durante extenso tiempo, y posterior a ello, realizaron combates que los obligó a huir de sus espacios.
“Las fuerzas armadas reconocieron que sus operaciones tenían el riesgo de causar desplazamientos en esta región y que aún estaban frente al reto de lograr que su intervención generara tranquilidad a la población. Está probado también que durante el desplazamiento no se brindó la atención diferenciada que exige la ley, que las familias vivieron en Buenaventura un año en condiciones indignas, y que no se aseguró alimentación, educación y salud culturalmente adecuadas”, resaltó el Consejo de Estado y añadió que, si bien se certificó la existencia de condiciones de seguridad para el regreso, esa situación se convirtió en un latente confinamiento.
Con los hechos, que a juicio del Consejo de Estado, son pruebas latentes, el alto tribunal declaró responsabilidad sobre el Ministerio de Defensa y el Ejército por fallar en la prevención del desplazamiento y en la garantía de seguridad para el retorno. Del mismo modo, declaró la responsabilidad del municipio de Buenaventura por fallas en la atención durante el tiempo en que las comunidades permanecieron desplazadas, y absolvió de responsabilidad al resto de entidades demandadas.
Sobre la responsabilidad del Ejército, el Consejo de Estado dijo: “Resulta inadmisible, en consecuencia, que aun con consciencia del riesgo de desplazamiento, la estrategia de la fuerza pública se redujera a combinar patrullajes superficiales, que permitían el arraigo de los grupos armados en los territorios indígenas, con intensos combates que militarizaban sus territorios y los obligaron a huir. Si se trataba de recuperar la soberanía, de devolver el orden constitucional y con él la libertad a los pueblos indígenas y su autonomía en el territorio que les pertenece, no resultaba proporcionado diseñar estrategias que terminaran acabando con todo vestigio de su cultura”.
Respecto de las condiciones que enfrentaron durante su desplazamiento y estadía en un lugar diferente al de la comunidad, el Consejo de Estado advirtió que los albergues que alojaron a las comunidades eran inadecuados física y culturalmente. “La asunción de parte de los costos del arriendo de las casas y el apoyo económico para algunos ajustes menores no satisfizo las obligaciones de garantizar condiciones dignas y culturalmente adecuadas de alojamiento. Esas casas no fueron adecuadas por las autoridades para alojar a decenas o centenares de personas. Ni siquiera se garantizó que tuvieran acceso a baterías sanitarias suficientes”.
El alto tribunal reprochó que tampoco adecuaron el coliseo para evitar que las familias estuvieron en un estado lamentable e inseguro. Además, tampoco aseguraron que tuvieran acceso continuo a agua, a baterías sanitarias, a espacios dignos para la higiene personal, a lugares de cocina acordes con sus prácticas ancestrales de olla comunitaria, a mínimos básicos para la seguridad física y el descanso como colchonetas o mosquiteros para todos.
La condena
Por lo anterior, el Consejo de Estado no solo condenó al Ejército, al municipio de Buenaventura y a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Victimas a pagar a los más de 405 indígenas montos económicos superiores a los $20.000 millones, sino que las entidades deben pedir perdón público a la comunidad Wounaan por el daño causado.
