La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en su rol de autoridad nacional de protección al consumidor, impuso multas a 24 prestadores de servicios funerarios, equivalentes a $294 millones, por infringir el régimen de protección al consumidor.
Según explicó la SIC, las funerarias cometieron algunas infracciones como:
No contestar requerimientos de información elevados por la SuperIndustria.
No suministrar a los consumidores información clara, oportuna y suficiente, frente a las restricciones y limitaciones que se presentaron en la prestación de los servicios funerarios con ocasión a la pandemia.
Incurrir en publicidad engañosa, al ofertar a los consumidores sus servicios exequiales en una ciudad en especial, cuando en realidad no contaban con oficinas abiertas al público, ni tampoco con el plazo anunciado.
Incluir cláusulas abusivas en los contratos suscritos por los consumidores, al exigir para la terminación del contrato, mayores requisitos a los solicitados al momento de la celebración del mismo e incluir espacios en blanco.
En ese sentido, los prestadores de servicios funerarios sancionados son los siguientes:
Asimismo, la Superintendencia recordó que con ocasión de la pandemia del coronavirus había iniciado actuaciones administrativas de oficio, con miras a garantizar la protección de los derechos de los consumidores ante posibles vulneraciones.
Esas vulneraciones tendrían relación con la información suministrada acerca de las modificaciones y restricciones en la prestación de los servicios funerarios, con ocasión de las medidas de bioseguridad implementadas para el manejo de cadáveres asociados a infección con el virus covid-19, así como cobros adicionales y excesivos a los pactados con los consumidores.
