Los mandatarios coinciden en que «el derecho a la protesta pacífica, al considerarlo uno de los pilares democráticos, soportan el Estado de Derecho colombiano». Sin embargo, los gobernadores, a través de la Federación Nacional de Departamentos (FND), advierten que las voces que están incitando a la generación de caos y violencia deben ser rechazadas por toda la ciudadanía.
«Las expresiones de inconformismo no pueden ser empañadas ni desdibujadas por una minoría violenta que no representa el sentimiento de las mayorías del pueblo colombiano. Los gobernadores promueven la reflexión fundada en argumentos y en una visión integradora y no polarizaste de la sociedad», manifestaron a través de la FND.
Entre tanto el presidente de la agremiación, Carlos Andrés Amaya, quien proviene del movimiento estudiantil, invitó a los dirigentes sindicales, estudiantiles, gremiales a «convocar y ejercer el derecho a la protesta social de forma pacífica».
«Este derecho debe ser plenamente garantizado por parte de las instituciones (…). Desde la federación reconocemos la protesta social pacífica como una expresión que da cuenta de la buena salud de nuestra democracia”, indicó.
Por su parte la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) señaló que respeta el derecho a la protesta como manifestación a la libertad de expresión, pero rechazó el uso de la violencia dentro del Estado de Derecho.
«La Asociación hace un llamado para que las movilizaciones convocadas para el 21 de noviembre se realicen de forma pacífica. Así mismo, invita a los convocantes del paro nacional al diálogo permanente que permita establecer soluciones efectivas con medidas que garanticen el cumplimiento de las mismas».
De acuerdo con los alcaldes de las principales capitales, pese a que las manifestaciones hacen parte de un derecho constitucional, «no es a través de la violencia como se logran las transformaciones sociales» que requiere el país.
