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El Gobierno Nacional, tras más de 20 días de haberlo anunciado, expidió el decreto para reducir la población carcelaria y sacar de los penales a la población más vulnerable frente al covid-19.
La medida, según los cálculos iniciales del Ministerio de Justicia, permitiría la salida a sus casas de alrededor de cinco mil personas.
El documento, que fue consultado con la Fiscalía General y el Consejo Superior de la Judicatura, establece que la población carcelaria podrá verse beneficiada con una medida de detención domiciliaria transitoria, previo cumplimiento de algunos requisitos.
Los beneficiarios de la excarcelación serán los mayores de 60 años, madres gestantes y lactantes o con hijo menor (3) años de edad, dentro de los establecimientos penitenciarios, personas que padezcan enfermedades graves o en condición discapacidad, Personas condenadas o que se encontraren con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento penitenciario y carcelario por delitos culposos. así como quienes hayan sido condenados a penas menores de cinco años y que hayan cumplido el 40 por ciento de la pena.
El beneficio sería por seis meses. Al término de ese tiempo, tendrían que regresar a los centros de reclusión a seguir cumpliendo sus medidas de aseguramiento intramurales.
El decreto igualmente beneficia a quienes se encuentren detenidos en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) y cumplan con los requisitos establecidos.
Ministerio de JusticiaLa medida cobija mayores de 60 años, madres gestantes, personas con enfermedades graves y condenadas a penas menores de cinco años y que hayan cumplido el 40% de la pena
No serán beneficiadas personas vinculadas con delitos de lesa humanidad, delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes-especialmente sexuales-, delitos de corrupción, terrorismo, narcotráfico, entre otros, y personas que se hayan acogido a la justicia transicional.
El decreto establece que, durante su vigencia y cuando una persona sea capturada, se dará prioridad a la casa por cárcel por encima de la medida de aseguramiento intramural para evitar que más personas sigan llegando a los penales. Igualmente señala que si el beneficiado incumple su detención domiciliaria perderá esa garantía y se expedirá una orden de captura para que regrese a prisión.
La verificación del cumplimiento de la casa por cárcel será supervisada por el Inpec, que también tendrá que elaborar los listados de las personas que cumplen con los requisitos para entregarlos a los jueces de ejecución de penas que serán los encargados de emitir las boletas de excarcelación.
Una vez se dé la orden, el Inpec se encargará del traslado del interno a su residencia.
Vencido el tiempo de vigencia del decreto, los internos tendrán cinco días hábiles para presentarse ante los jueces de control de garantías quienes definirán si ya cumplieron sus penas o deben regresar a prisión a seguir descontando tiempo de la sentencia.
