El presidente de Gustavo Petro firmó el Decreto 929 de 2023, con el que su Gobierno busca propiciar una reducción en las tarifas de electricidad que pagan los usuarios en el país. La nueva normatividad ha generado controversia y críticas por parte de varios gremios del sector energético del país, quienes consideran que el decreto es una extralimitación de funciones.
Según el Ministerio de Minas y Energía, lo que se pretende es tomar medidas para mejorar la eficiencia económica del mercado eléctrico y reducir las pérdidas de energía, y para ello, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) impulsar el uso de fuentes de energía renovable.
«Avanzamos en la segunda fase del Pacto por la Justicia Tarifaria, con el objetivo de orientar la regulación y promover una efectiva competencia en los segmentos de mercado donde esto es posible. Estos lineamientos nos permitirán aumentar la eficiencia para el sistema eléctrico, de manera tal, que conlleve a precios justos para los usuarios», afirmó Irene Vélez Torres, ministra de Minas y Energía.
Exministros como Mauricio Cárdenas y German Arce, se han opuesto a esta medida, manifestando que socava la confianza en el sector energético del país, y argumentando que puede afectar la inversión extranjera.
Según el Gobierno, el decreto es el resultado de un trabajo conjunto con diversos actores, como usuarios, líderes sociales, grandes consumidores de energía eléctrica y agentes de la cadena de prestación de servicios públicos.
«El eje de estos lineamientos es el usuario final, es así como queremos que se promueva la participación ciudadana en los procesos de diseño de política pública y expedición de la regulación, es decir, que los usuarios hagan parte activa de las diferentes etapas de construcción de la normatividad», puntualizó Vélez Torres.
Además del decreto, el MinMinas y Energía ha desarrollado un Abecé, sobre los alcances de esta nueva normatividad.
Rcn.
