La Procuraduría General de la Nación solicitó al Tribunal Superior de Bogotá que imponga medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra del exgobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, sindicado de entregar millonarios contratos a la guerrilla del ELN.
El delegado de la procuraduría Ismael López, respaldó la petición de la Fiscalía General al considerar que hay suficientes elementos de prueba que permiten inferir sus nexos delincuenciales con grupos armados ilegales.
«La Fiscalía acreditó la existencia de abundante material probatorio, a través de la cual señaló que Alvarado se concertó y sostuvo alianzas con miembros del grupo armado ilegal Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el fin de cometer distintas conductas atentatorias de los mecanismos de participación democrática, la administración y la seguridad pública», indicó el procurador López.
Así mismo, sostuvo que «el análisis de contexto muestra un proceso de captura y cooptación del Estado por organizaciones criminales, de acuerdo a lo expuesto por el fiscal y los elementos de prueba suministrados».
De acuerdo con los investigadores el exgobernador trató de darle apariencia de legalidad a sus actuaciones irregulares para mantener sus vínculos con el ELN.
«El entonces gobernador Ricardo Alvarado actuó bajo una apariencia de legalidad, pero bajo una forma soterrada mantuvo estos vínculos con los cuales fue imputado», indicó López.
El Fiscal a cargo del caso señaló que la medida de aseguramiento contra el exgobernador de Arauca es necesaria ante el riesgo de que pueda obstruir la justicia y amenazar a testigos.
El exgobernador quien se durmió durante la audiencia de imputación en su contra alegando que padece algunos problemas de orden psicológico, cambió de abogado al reanudarse la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en su contra.
El nuevo abogado que asumió la defensa del exgobernador de Arauca es el penalista Andrés Felipe Caballero.
