La única forma de combatir la corrupción es castigando a los responsables, señaló la Contraloría General de la república.
Se aludió, específicamente a los ocurrido en Bioenergy, la empresa de Ecopetrol que se creó en Puerto López y que ha sufrido toda clase de actos, unos para mal y uno de ellos para bienestar colectivo.
Precisamente la Contraloría Delegada Intersectorial No. 6 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción imputó responsabilidad fiscal, a título de culpa grave, contra: JAIME LEONARDO FLÓREZ MUÑOZ, Gerente General de BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S. (2009-2012).
ALECK REMBERTO SANTAMARIA DE LA CRUZ, Gerente General de BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S. (2012-2015)
MARIA ELENA VELASQUEZ RESTREPO, JUAN FELIPE MUNERA YEPES, MARÍA CRISTINA GLORIA INÉS CORTES ARANGO, MYUNG – HO LEE y CLAUDIA CASTELLANOS RODRÍGUEZ en su calidad de miembros principales de la Junta Directiva)
Es de anotar que se archivó la investigación a los siguientes presuntos responsables, frente a los cuales se surtirá el grado de Consulta: JUAN CARLOS ROA MÁRQUEZ y la firma española ISOLUX INGENIERIA S.A.
Se indicó, que a ellos son los primeros, se le imputa responsabilidad fiscal en la suma de $920.646 millones por la pérdida de recursos públicos de BIOENERGY S.A.S., BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S. y ECOPETROL, con ocasión de las inversiones realizadas para la terminación del componente industrial de la Planta de Producción de Etanol “El Alcaraván”, en el departamento del Meta, a 29 de diciembre de 2017.
A pesar de que financieramente el proyecto no era viable, se dio continuidad a su construcción, pagando aproximadamente 434 millones de dólares más respecto del caso de negocio presentado en octubre de 2011; situación que unida al deficiente desarrollo del componente agrícola, originó que no se diera la productividad esperada, por cuanto BIOENERGY S.A. y BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S. se encuentran en liquidación, lo que hace imposible obtener los flujos de recursos que permitan su recuperación.
Se determinó, que sin haber consolidado el proyecto agrícola con la siembra de la caña necesaria para ser utilizada en la planta de etanol, e incluso, sin que se hubiera obtenido la variedad optima, se adelantó la ejecución del recurso público para la construcción de la planta, invirtiendo dineros adicionales que generaron una pérdida de la inversión por el orden de un billón cuarenta y tres mil millones de pesos, que corresponde al valor de las capitalizaciones realizadas a BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S., para la ejecución del proyecto industrial.
En la providencia se hacen serios reparos a la forma como se manejó la Empresa Bioeergy y se establecen responsabilidades, señalando que se obró deliberadamente, sin juicio, sin orden y sin justificación alguna, para celebrar los contratos.
Sin embargo cabe destacar que cuando todo estaba perdido, a última hora, se designó a Rubén Darío Lizarralde, quien ha logrado revitalizar la compañía, emplear al personal que quedó cesante, modificar las condiciones de producción, obtener utilidades y en dos palabras salvar la empresa.
Este ha sido el acto de beneficio colectivo, señalaron trabajadores de la importante compañía
