La Fiscalía General de la Nación citó a rendir una declaración juramentada al actual alcalde de Medellín, Daniel Quintero y al gerente de EPM, Álvaro Rendón, dentro de las investigaciones penales que se siguen por presuntas irregularidades en la contratación y adjudicación de las obras de la hidroeléctrica Pescadero – Ituango (Hidroituango).
La citación fue ordenada por la Fiscalía especializada que coordina este caso para que el mandatario local y el gerente de Empresas Públicas de Medellín entreguen toda la información que tengan y que pueda contribuir a las investigaciones que se siguen en este organismo.
Esta citación se produjo luego de que el alcalde de la ciudad de Medellín, Daniel Quintero, asegurara que el informe de una reaseguradora que habían excluido antiguos directivos de Empresas Públicas de Medellín (EPM) sobre el proceso de construcción de Hidroituango es demoledor, bajo el propósito de identificar a los responsables de los inconvenientes registrados en esta obra.
En diálogo el funcionario dijo que era imposible que ese informe no lo conocieran tanto el gerente de EPM de ese entonces, como los miembros de la junta de la compañía.
«Este documento era el que iba a determinar no solo que la aseguradora era la que iba a pagar más o menos la mitad de los costos, sino quién era el responsable para que EPM pudiera avanzar en procesos legales contra los responsables», dijo Quintero.
La Fiscalía precisó que este llamado a declarar no constituye una vinculación como indiciados al proceso sino una solicitud para que amplíen y suministración información que puedan llegar a ser relevantes para los investigadores.
En desarrollo de estas investigaciones la Fiscalía diseñó un plan metodológico para revisar con detalle la obra de la hidroeléctrica Pescadero – Ituango (Hidroituango) y tener un panorama amplio que permita entender las dificultades que se han presentado en su ejecución y establecer eventuales responsabilidades penales.
El objetivo es que Quintero y Rendón aporten información para los procesos que se siguen por posible daño ambiental en relación con presuntos irregularidades presentadas en la disposición y manejo de los residuos orgánicos y escombros.
“El presunto incumplimiento de los protocolos existentes habría incidido de manera negativa sobre los recursos naturales con efectos como la calidad, cantidad y fluidez del agua; la erosión del suelo y la eventual inestabilidad de la montaña”, señaló la Fiscalía.
Asimismo, se indagan inconsistencias desde el inicio del proyecto como presuntas anomalías en la fase precontractual y supuestas deficiencias en la celebración de los contratos, los estudios de diseño y ejecución de la obra, así como en las adiciones autorizadas a la firma contratista.
Rcn.
