En medio del debate de Senado para ascender a 40 oficiales de las Fuerzas Militares y la Policía, el senador por el Polo Democrático Iván Cepeda aseguró que entre los aspirantes para subir de rango había tres generales del Ejército que estaban implicados en muertes extrajudiciales, mencionando a los generales Juan Carlos Ramírez y Sergio Tafur.
«Es un ritual en esta comisión que año tras año se producen los ascensos de oficiales, se señalan los casos en los cuales hay hechos graves que deben ser investigados y posteriormente la justicia tiene que apelar decisiones con oficiales que han sido objeto de ascensos a esta comisión», dijo el senador Iván Cepeda.
Después de estas declaraciones, BLU Radio conoció el informe de la Fiscalía General de la Nación donde detalla cuáles son los antecedentes judiciales, investigaciones o denuncias que existen contra los oficiales del Ejército que pretenden ascender del grado de brigadier a mayor general.
El primero en la lista es el actual comandante de la Séptima División del Ejército, general Juan Carlos Ramírez Trujillo, quien tiene tres procesos activos por homicidio en persona protegida y homicidio, y uno más por el delito de falsedad material en documento público.
Las tres investigaciones activas por homicidio que tiene el general Ramírez estaban en manos de la Fiscalía, pero quedaron delgadas ante la Corte Suprema de Justicia por ser general y en consecuencia aforado, sin embargo, la información conocida por BLU Radio sobre la muerte extrajudicial es que habría ocurrido el 12 de enero de 2007, caso por el que fue citado a interrogatorio en la Fiscalía 108 Especializada de Derechos Humanos el 23 de marzo de 2018.
Sobre los otros hechos que investiga el alto tribunal hay personal vinculado al proceso que participó en las irregularidades, pero como tal, se habría presentado más casos de homicidio el 28 de marzo de 2007 y el 2 de marzo del mismo año. El alto oficial, además, cuenta con un proceso activo que está en poder de la dirección seccional en Bogotá de la Fiscalía número 49, por el delito de falsedad material en documento público.
