La misma senadora que propuso la ley “cero cacho” pidió aplazar el debate del proyecto para reducir los salarios de los Congresistas.
La plenaria del Senado debatió y votó este 16 de agosto el proyecto de ley para modificar el régimen salarial de los congresistas. La iniciativa busca eliminar la prima especial que reciben los legisladores, cerca de $15 millones.
Aunque en tres ocasiones se había aplazado la sesión, finalmente se pudo votar y fue aprobado el informe de ponencia en su segundo debate en el Senado con 63 votos.
El grueso del proyecto, es decir, el articulado, se abordará el próximo martes 22 de agosto. “Aún no ha sido aprobado este proyecto, solo se ha votado el informe de ponencia, faltan las proposiciones, el articulado, el título y la pregunta. Hasta ahora estamos empezando”, advirtió el autor del proyecto, el senador Jota Pe Hernandez.
Recordemos que la asignación salarial de los miembros del Congreso tiene tres componentes según la ley: la asignación básica, los gastos de representación y la prima especial de servicios, que al sumarlos dan la cifra total de $43.418.548, según el último ajuste. Esta iniciativa busca eliminar uno de esos componentes.
¿Qué dijo la senadora?
Al parecer, algunos congresistas no entienden muy bien esa asignación, pues la senadora Karina Espinosa (Partido Liberal) pidió a sus compañeros que le explicaran “en cuanto nos va a quedar el salario y si nos sirve o no venir. Si no, hagamos las sesiones virtuales”, dijo.
La senadora promovió este miércoles el aplazamiento del debate pues, según ella, “tiene ganas de servirle a su país, pero todo trabajo tiene derecho a su remuneración y yo creo que este debate está llenó de populismo”, dijo.
Agregó que cuando ella se lanzó como congresista “aspiró por unas condiciones”, que “está segura que nadie quiere que le bajen su salario” y que si hay algunos que quieren renunciar a su sueldo, como los ponentes y el autor del proyecto, que lo hagan.
No es la primera vez que Espinosa se ve envuelta en una polémica; también fue ella la que radicó el proyecto de ley “cero cacho”, que invitaba a ver la infidelidad como un problema de salud pública.
