La Secretaría de Gobierno y Seguridad del Meta presentó a la Asamblea Departamental las metas para el plan de desarrollo de la actual administración, y entre los aspectos más relevantes se destacó el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que debe ser formulado, adoptado y ejecutado, según las normas y lineamientos del plan nacional de desarrollo.
Según explicó Víctor Bravo, titular de esta dependencia las inversiones para su construcción se obtienen del Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonset) y el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia, entre otros. Por lo que se espera a través de gestión con la contribución de ayudas internacionales obtener más recursos para dicho propósito.
Estos fondos están constituidos para dotar con herramientas, elementos e instrumentos que requieren las diferentes entidades de la región, un ejemplo claro es que se han utilizado para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios, y en la implementación de cámaras en las diferentes instituciones territoriales.
El funcionario agregó que los grandes componentes en materia de financiación son el fortalecimiento a la gobernabilidad territorial para la convivencia ciudadana, paz y estabilización con 27 metas, que suman $70.450.203.100 y el buen gobierno para el respeto y garantía de DDHH con 11 metas, con una inversión de $11.697.149.900, para un total de inversión en el cuatrienio de $82.147.380.000, que cubren 38 metas.
Entre muchos otros temas, la inversión para este cuatrienio está destinada en la actualización y seguimiento al Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el fortalecimiento de la capacidad operativa de las entidades que hacen parte del Comité de Orden Público y apoyar la capacidad operativa de las unidades básicas de investigación criminal con elementos tecnológicos.
De igual forma, la dotación y/o mantenimiento del Centro de Atención Especializada para adolescentes de El Yarí, del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) y realizar seguimiento a la política pública para la lucha contra la trata de personas y promover campañas de cultura ciudadana, entre otros.
