Con 73.079 votos, Mario Castaño Pérez se convirtió en 2020 en el nuevo ‘barón electoral’ de Caldas y en uno de los líderes del partido Liberal en la región. El contador público que era representante a la Cámara pasó al Senado y pretende seguir en su curul en las elecciones del próximo domingo.
Castaño Pérez aparece en una investigación de la Fiscalía como uno de los cerebros de un escandaloso caso de corrupción para cobrar dinero por gestionar y lograr la adjudicación contratos para terceros y hasta por exigir dinero a personas desempleadas para poder ser ubicadas en cargos públicos.
El escándalo agarró al senador, que insiste en su inocencia, en Chinchiná (Caldas) en donde estaba el viernes en uno de los actos de cierre de campaña con miras a las votaciones del próximo domingo.
Según la investigación de la Fiscalía los miembros, de lo que calificó como una organización criminal, lograron en dos años contratos por 43 mil millones de pesos de los cuales el senador Castaño Pérez y su asesor Juan Carlos Martínez se llevaban la tajada más grande.
Martínez, quien no ha sido capturado, es considerada la persona que tenía contactos en entidades del orden nacional para viabilizar los contratos.
En el expediente se señala que gestionaron la adjudicación de contratos en el Ministerio del Interior, Ministerio del Deporte, la Unidad de Gestión del Riesgo, la Gobernación del Chocó, el Sena y una decena de alcaldías del país.
Aunque hasta ahora son nueve los capturados en el expediente aparecen documentadas las reuniones con funcionarios públicos, de elección popular y particulares que tendrán que dar explicaciones y podrían terminar procesados.
La Fiscalía señaló que esas gestiones y cobros ilegales se hacían usando la influencia del senador quien estaba enterado de los movimientos de los capturados. El congresista no puede ser investigado por el ente acusador por lo que el expediente fue enviado a la Corte Suprema de Justicia.
Incluso hay un capítulo en el que se habla de que ubican a personas en organismos de control como la Procuraduría y la Contraloría. Allí aparece Alejandro Noreña, uno de los capturados, quien según la Fiscalía, con Juan Carlos Martínez ofrecían trabajo a desempleados en entidades públicas y les exigían la entrega de su primer sueldo como contraprestación.
Así hay casos documentados entre enero y marzo del año pasado y en lo corrido del 2022, antes de la vigencia de la ley de garantía, habría ubicado a dos personas, una de las cuales tuvo que «pagar con favores sexuales».
El ente acusador afirmó que la red incurrió en delitos desde 2020 y hasta el viernes cuando fueron capturadas nueve personas y que el propósito era conseguir dinero y al tiempo fortalecer el poder político del senador Castaño Pérez. En la imputación de cargos que se inició el viernes y seguirá este lunes, la Fiscalía señaló que Lorena Cañón, una de las detenidas, era la encargada de gestionar contratos en el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior y además cobraba por lograr donaciones de mercancías decomisadas por la DIAN que eran entregadas a entidades públicas.
En la investigación aparece el contratista Santiago Castaño quien tenía cuatro empresas de ingeniería y quien figura como una ficha clave para la estructuración de los contratos que interesaban a la red. Su hermana Marcela Castaño es considerada la personas que administra y distribuye los recursos provenientes de los actos ilegales investigados. Junto a ellos la Fiscalía capturó a Juan Sebastián Gómez, quien había constituido tres empresas para sumarlas a la red criminal y Harvis Arturo Rentería señalado de ser el enlace para un millonario contrato en el Chocó.
La Fiscalía documentó 50 hechos entre trámites y contratos conseguidos en entidades públicas en las que la red desplegó sus intereses e intento hacer valer la influencia del senador Castaño Pérez.
Uno de los contratos mas jugoso que consiguió la red, dice la Fiscalía, fue la prórroga de la adjudicación de la distribución de licores en el Chocó que representaría 15 mil millones de pesos cada año. Además por cada proyecto de ‘Sacúdete al Parque’ (proyecto creado por el gobierno del presidente Iván Duque para promover el deporte en las regiones mas pobre) se tenían que garantizar pagos al senador por cien millones de pesos.
En el extenso expediente aparecen contratos para la adjudicación de una cancha de fútbol en La Merced (Caldas) en el que habría intervenido Santiago Castaño, otro de los capturados. Él es señalado de coordinar el proyecto y reunirse con el alcalde del municipio para recibir información de primera mano. En ese municipio se interesaron en un contrato de 96 millones de pesos para la construcción de un muro de contención del cual lograron información antes de la licitación logrando construir una propuesta que se ajustaba a lo requerido. Igualmente lograron el contrato para la remodelación de la Casa de Cultura del municipio.
En Balboa (Risaralda) también lograron el contrato para la construcción de una cancha sintética. Igualmente la construcción de una tribuna en un centro deportivo. La Fiscalía señaló que se ubicó a un contratista con el que se acordó el pago de una comisión del 15 por ciento para que le adjudicaran la obra.
En Pueblo Rico (Risaralda) «tuvieron conversaciones con el contratista seleccionado por el grupo delincuencial y le informan la documentación que tiene que presentar para resultar ganador» de un contrato para vias urbanas en ese municipio.
En el municipio de San José lograron un contrato para el desarrollo de vías urbanas, en Marmato consiguieron una licitación para estudios de diseño de tramos críticos, en Aguaduas el contrato de pavimentación del Pueblito Viejo, en Villa María lograron un control de obras viales, en Quibdó se interesaron en la interventoría técnica y de diseños de pavimentos del municipio.
Y en el Ministerio del Interior se interesaron en una decena de contratos para obras en varios municipios del país como Armero (Tolima), Villa María (Caldas) . En este caso figura Lorena Cañón «quien gestionó acercamientos y coordinó reuniones entre funcionarios del Ministerio del Interior y las alcaldías».
