La cartera de Zea reglamentó la línea de créditos de Finagro
El fiscal general, Francisco Barbosa, acaba de firmar la resolución 0525 en la que solicita que el fiscal delegado ante la Corte Suprema, que por reparto corresponda, asuma hasta su culminación el conocimiento de las investigaciones relacionadas con el aforado ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Zea.
La decisión está atada a la alerta que envió la Contraloría General sobre el manejo opaco de una línea especial de crédito para el campo, a raíz de la emergencia del covid-19.
Barbosa también ordenó abrir una línea de investigación para otros posibles implicados en el caso diferentes al Ministro de Agricultura.
Según el documento firmado por Barbosa se trata de indagar presuntas irregularidades en la Línea Especial de Crédito Colombia Agro Produce, creada en el marco de la emergencia sanitaria por orden Presidencial, mediante decreto 486 del 27 de marzo de 2020.
Este dispuso beneficiar a los pequeños productores agropecuarios afectados por dicha contingencia.
Sin embargo, en informe de la Contraloría, se señala que la mayoría de estos rubros quedan en manos de grandes agroindustriales y comercializadores, recursos que ascienden a la suma de 252 mil millones de pesos.
¿Cómo encaja el Ministro?
Para reglamentar ese decreto, Zea firmó la resolución 001 de 2020 del 27 de marzo, en la que estipuló las condiciones.
«Podrán acceder a esa línea especial de crédito los pequeños, medianos y grandes productores, personas naturales y jurídicas, según la siguiente clasificación: actividades rurales, servicios de apoyo para la producción agropecuaria, siembra de cultivo de ciclo corto, entre otros»», se lee en la resolución.
Sin embargo, para la Contraloría, el dinero se estaba concentrando en los grandes comercializadores y no en los pequeños productores; y en las grandes ciudades sin que nadie lo controlara.
Los otros investigados
«El Ministerio es abierto y opera sin ningún tipo de favoritismo. Aquí estamos para rendir las cuentas cuándo sea necesario porque no hay temas qué esconder» le dijo en la tarde del viernes el ministro Zea a la Comisión Quinta de la Cámara que citó a debate político por el tema.
En ingual sentido se pronunció el presidente de Finagro, Dairo Estrada, en diálogo con EL TIEMPO, cuando anunció que parte de los beneficiados habían reversado el crédito no por que estuviera violando el reglamento sino por tema de desgaste reputacional.
En todo caso, Estrada le admitió a EL TIEMPO que se ajustaron las políticas para otorgar esos subsidios del gobierno, empezando por establecer un control previo y no posterior que garantice que el dinero sí va a donde debe ir.
Sin embargo, el fiscal Barbosa, emitió otra resolución para que la Dirección Especializada contra la corrupción abra una noticia criminal en la que se indague la conducta de otros presuntos implicados.
«Que conforme a los precitados hallazgos (…) se estarían comprometiendo recursos del patrimonio público con apoyo de particulares, quienes al parecer están siendo beneficiados sin cumplir la calidades y condiciones», explica el documento.
