Por:José Yesid Castro Suarez
En los tiempos que vivimos, los temas de ambiente y salud, adquieren creciente importancia. Esto no siempre se valora como corresponde, considerando que el medio ambiente en el que viven las comunidades ejerce influencia en su salud de manera integral, generando impactos tanto positivos como negativos.
A pesar de que se han implementado diferentes estrategias, la contaminación es un problema que ha ido en aumento producto de una desordenada planificación territorial, donde la ciudad densa y mal planeada ha favorecido la dependencia del automóvil. Con esto no sólo han crecido el calentamiento global, sino, los niveles de polución , también el sedentarismo, la obesidad y el estrés de la población. Por otra parte, se han generado polos industriales en favor del progreso, afectando las comunidades cercanas.
Otro de los grandes problemas se relaciona con la depredación de los ecosistemas naturales, alterando la relación entre las especies que los habitan y también en su vínculo con las personas. Esta reducción o alteración del hábitat, ha provocado extinciones y que algunos animales hayan iniciado contactos más directos con el ser humano, favoreciendo la aparición de enfermedades zoonóticas, como la que actualmente nos afecta a nivel mundial, y como ya vemos aquí en Acacias, la presencia de animales como alcaravanes, pollos de monte que antes eran exclusivos de zonas de sabana, hoy habitantes de zona urbana.
Uno de los aspectos de mayor relevancia en la relación entre medio ambiente y salud es la desigualdad en la distribución espacial y social, tanto de las fuentes contaminantes como de la exposición de las personas. Una vez más, la ciudadanía vulnerable física y socialmente es la que presenta mayores daños. En este sentido, la justicia ambiental se convierte en una manifestación de reivindicación legal, de derechos humanos y de atributos de carácter social, económico, laboral y de desarrollo humano.
Por todo ello, las decisiones gubernamentales y las políticas públicas deben proporcionar una protección primaria de la salud de la población, enfocada en prevenir o reducir al máximo las exposiciones ambientales nocivas, con un enfoque de sustentabilidad.. Además, muchas de las decisiones políticas están influidas por necesidades económicas y productiva del país en favor del «progres. Como consecuencia, las normativas ambientales son bastante permisivas, desprotegiendo la salud de la población.
El momento constitucional actual brinda una gran oportunidad para plantear que un ambiente saludable es una necesidad básica humana, que debería cumplir con condicionantes salubres idóneas: agua apropiada para el consumo humano, disponibilidad y seguridad de los alimentos, vivienda, educación, ciudades bien planificadas, servicios de salud, desarrollo sustentable, equidad y seguridad social.
Un enfoque constitucional que considere el derecho a vivir en un medio ambiente saludable permitiría generar regulaciones y políticas que garanticen este derecho, así como la inclusión de una adecuada planificación territorial garantizada por una Carta Magna que integre temas relativos a la participación social y comunitaria en los procesos de tomas de decisiones locales y regionales. Es fundamental que las necesidades de la sociedad en términos de sustentabilidad y justicia ambiental sean consideradas y respetadas.
