La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó por el desplazamiento forzado de 225 personas (65 familias) pertenecientes a comunidades indígenas y campesinas de diferentes veredas ubicadas en zona rural del municipio de San José de Uré (Córdoba).
El desplazamiento forzado -señala el organismo internacional- se presentó tras las acciones de las disidencias Farc en alianza con el grupo conocido como ‘Los Caparrapos’.
«El primer desplazamiento se originó el 12 de noviembre desde la comunidad indígena Emberá Katío en Batatadó hacia el casco urbano del municipio, afectando a cerca de 67 personas (19 familias) quienes fueron ubicadas en un alojamiento temporal dispuesto por la Alcaldía», precisó.
Agregó que “por la misma causa y al mismo tiempo, al menos 106 personas (34 familias) de comunidades campesinas se desplazaron desde cinco veredas hacia el centro poblado del corregimiento de Versalles, las cuales se auto albergaron en casas de familiares y amigos”.
El informe indica que el 15 de noviembre, otras 52 personas (12 familias), dos pertenecientes al Resguardo indígena Dochama se desplazaron hacia la comunidad indígena Ibudó el Bosque donde viven 80 personas (22 familias). También en zona rural de San José de Uré “hay preocupación en las comunidades receptoras, quienes han manifestado la intención de desplazarse hacia el corregimiento Versalles, de continuar los riesgos de protección a los que están expuestos».
El reporte también indica que “al mismo tiempo que se dan los desplazamientos, el temor generalizado en comunidades rurales derivado del accionar armado de los grupos, ha ocasionado una alerta por el presunto confinamiento de algunas de ellas como medida de autoprotección; a la fecha de publicación de este informe se desconoce la cifra de afectados por este hecho, en tanto el riesgo de seguridad existente ha impedido la realización de visitas de verificación y seguimiento a las zonas mencionadas”.
No obstante, recalca que estas comunidades han visto limitadas sus actividades de sustento diario relacionadas al trabajo de extracción de caucho, minería artesanal y actividades agrícolas, «por la prohibición que hacen los grupos armados para circular entre algunas veredas, además de la existencia de artefactos explosivos».
