Políticos, funcionarios públicos y contratistas integrarían supuestas redes ilegales especializadas en vaciar los recursos de la salud en el departamento.
Resucitar a los muertos en Córdoba para acceder a los programas de la salud y distribuir dolorosas enfermedades en las historias clínicas de los pacientes sanos para cobrar por medicamentos que nunca salen de las farmacias son algunas de las prácticas de los corruptos en Córdoba. Semana pone en evidencia el cáncer que amenaza a los hospitales de la región.
El prontuario repetido es el posible desvío e indebida apropiación del dinero por medio de sofisticadas estrategias fantasma que se aplicarían a millonarias contrataciones para adquirir suministros, desarrollar programas de intervención en las comunidades y construir obras para recibir a los ciudadanos indispuestos.
El modus operandi consistiría en inflar los costos de los proyectos, falsificar documentos para la ejecución de las iniciativas, pagar salarios a sujetos que no tienen vínculo alguno con las empresas prestadoras de los servicios de salud, asignar contratos a dedo y raspar la cartera con tratamientos para personas fallecidas.
Las auditorías adelantadas por la Contraloría también siembran dudas sobre la legalidad en algunas inversiones. Este ente de control tiene la lupa puesta sobre el pago por tratamientos no prestados. Es decir, procedimientos que fueron desembolsados, pero no se habrían aplicado a los pacientes.
Frente a los recursos que estarían involucrados en los posibles entramados, la directora de la Fiscalía de Córdoba, Cindy Tatiana Vargas Tapias, aseguró que está en proceso de determinación, “de acuerdo con la información obtenida de los elementos materiales probatorios pertinentes para ello”.
Un sistema en aprietos
Los antecedentes de corrupción llevaron al Ministerio de Hacienda a congelar los recursos de la salud en 2017 y, de momento, la Gobernación está batallando para que se levante la sanción que superaría los 77.000 millones de pesos. Aunque es una cifra importante, no alcanzaría a cubrir las deudas que hoy tiene el sector.
El secretario de esta dependencia, Luis Fernando Pupo, culpó de la drástica medida al ‘cartel de la hemofilia’ y al ‘cartel de las terapias’: “Fueron los carteles que más desangraron al departamento por pacientes que no existieron, pacientes que no tenían el diagnóstico o se les suministraba dosis superiores”.
Esto tiene en aprietos al sistema financiero por los compromisos adquiridos con los hospitales públicos y los proveedores de medicamentos que ascienden a 200.000 millones de pesos, según los análisis de los últimos cuatro años. Con este crítico panorama, los corruptos seguirían devorando el presupuesto en Córdoba.
Uno de los procesos más escandalosos ocurrió en el Hospital Local del municipio de Puerto Libertador, donde siete directivos y exfuncionarios habrían desviado de manera ilegal recursos públicos destinados para la atención de la población. Ellos fueron acusados por el delito de peculado por apropiación y no aceptaron cargos.
Al parecer, habrían girado 173 cheques de una cuenta maestra del centro médico a terceras personas que no tenían vinculación laboral ni nexos contractuales con la entidad. El movimiento del dinero superaría los 7.000 millones de pesos y no tendría ningún soporte legítimo, por lo que deberán enfrentar las investigaciones.
Lo cierto es que los cuestionamientos y malestares por el manejo de los hospitales y las brechas para acceder a sus servicios ya se siente en las calles. Por ejemplo, el 50 % de las quejas que recibe la Defensoría del Pueblo son por falencias en la atención, demoras en la entrega de medicamentos y negación de los servicios.
