Construirá vías regionales. Se creó por facultades extraordinarias aprobadas en Plan de Desarrollo.
Vía decreto, por facultades extraordinarias, el gobierno del presidente Gustavo Petro creó una poderosa entidad pública que será la encargada, «en cooperación con los departamentos, municipios, o con otras entidades oficiales, semioficiales o privadas» de la contrucción, mejoramiento y conservación de los caminos vecinales o territoriales en todo el país.
La nueva entidad se llamará Invir -Instituto Nacional de Vías Regionales- y reemplazará al Invías en las tareas relacionadas con vías terciarias y regionales, pero con una facultad que durante la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo ya generó polémica: la de contratar directamente el desarrollo de proyectos e infraestructura vial con las que el Gobierno llama «organizaciones populares, unidades de economía popular, organismos de acción social, comunal o comunitaria» y otras.
El decreto, que está vigente desde el pasado 15 de noviembre y ya aparece en varios portales oficiales, dice en su articulo 35 que el Consejo Directivo de la nueva entidad podrá definir su Manual de Contratación y señala expresamente lo siguiente: «Para la contratación con comunidades rurales, cabildos, organizaciones populares, unidades de economía popular, organismos de acción comunal, social o comunitaria u otras formas de organización social, grupos y/o comunidades étnicas, comunidades en todas sus diversidades, mujeres y víctimas, para el desarrollo de proyectos e infraestructura vial, las cuales se someterán a la contratación directa, sin importar su cuantía, en los términos y condiciones que determine en Manual de Contratación del Instituto«.
El senador Juan Felipe Lemos, quien fue ponente del Plan de Desarrollo, señaló que hay preocupación por los alcances del decreto, pues se estaría abriendo la puerta a contratos directos que podrían sumar billones y, en esencia, no tendrían mayores controles. «El Gobierno no puede cambiar por decreto la Ley 80 de la contratación, que impone que es la licitación pública la norma de la contratación, con todas sus exigencias, y que lo excepcional es la contratación directa. Para eso no se le dieron las facultades excepcionales», advirtió.
Fuentes del Gobierno aseguraron que se busca garantizar que obras que actualmente no son atractivas para los grandes contratistas y por lo tanto no se realizan se logren sacar adelante con las comunidades directamente interesadas. Según sus cálculos, antes del 2025 se habrían contratado obras por $1,3 billones por este mecanismo.
En su momento, hubo fuerte debate porque los organismos de control y varias entidades, entre ellas la Cámara Colombiana de la Infraestructura, alertaron porque se estaba abriendo un boquete en las Ley 80 de 1993, que establece fuertes controles sobre la contratación directa e impone el cumplimiento de condiciones técnicas y de solvencia para los contratistas, en la línea de garantizar el pleno cumplimiento de la contratación oficial.
El Gobierno defendió la tesis, y logró imponerla en el Congreso, de que para lograr el desarrollo de las vías en las regiones más lejanas y pobres era necesario hacer menos estricto el régimen de contratación, de tal manera que las organizaciones sociales y comunitarias pudieran ser contratadas para esas obras.
En el debate del Plan Nacional de Desarrollo se advirtió que esa iniciativa podría prestarse para el manejo no transparente de la contratación y se recordó que precisamente Caminos Vecinales, que es en esencia la entidad que se está reviviendo con este decreto, fue liquidada en su momento por ineficiencias y escándalos en la contratación para darle paso al Invías.
