En medio de la paz total de Petro, la ONU alerta por la ocurrencia de 52 masacres y preocupa la situación que
enfrenta la Fuerza Pública en el primer año de Gobierno.
Los cuerpos de Michael León, Jorge Orozco y Eimy Marcelina quedaron tirados en plena carretera luego de un atentado que les quitó la vida el pasado 12 de agosto. Los uniformados que llevaban más de cuatro años al servicio de la Policía Nacional fueron atacados por las disidencias de las Farc cuando transitaban por una vía del municipio de Morales, en el departamento del Cauca; allí los tres fueron brutalmente masacrados.
Ellos hacen parte de una lista que ya suma por lo menos 38 miembros de la fuerza pública asesinados a manos de grupos armados ilegales que parecen fortalecerse a pesar de las treguas que el Gobierno les ha ofrecido.
Lo cierto es que ese cese al fuego pareciera también abrir una puerta que deja desprotegidos y en el ojo del huracán a los uniformados en medio de un conflicto que atemoriza a las comunidades. Y como si fuera un arma de doble filo, los grupos armados hayan una oportunidad para llegar con más fuerza a las mesas de diálogo.
A esa vulnerabilidad, se les suman episodios confusos en cuanto a las instrucciones por parte de sus comandantes. Por ejemplo, este martes circuló en redes sociales un comunicado interno de la Policía Nacional del Cauca en el que se les pedía a los uniformados no patrullar con armas de largo alcance, lo que generó rechazo inmediato puesto que hacía apenas tres días las disidencias de las Farc realizaron un atentado en el que murieron cuatro policías. Ante la oleada de críticas, el general Carlos Humberto Rojas Pabón, jefe nacional del servicio de Policía, explicó que se trató de un “error en la interpretación”.
Para dimensionar lo grave del asunto, cifras del Ministerio de Defensa dan cuenta de que en el primer año de mandato del Presidente Petro, se han contabilizado por lo menos 78 miembros de la fuerza pública asesinados. En los seis primeros meses de 2023 van 38.
Y es que como parte de su política de Paz Total, Petro, el primer izquierdista en llegar al poder en Colombia, busca desmantelar los grupos armados por medio del diálogo. Pero la oposición denuncia que los ilegales han aprovechado esta oferta para fortalecerse y atacar a la fuerza pública. Por ejemplo, este miércoles el país se levantó con la noticia de que cuatro policías habían sido atacados con un artefacto explosivo improvisado y ráfagas de fusil en la subestación de Policía del corregimiento La Gabarra, Tibú. El hostigamiento duró 15 minutos pero no dejó heridos. Las autoridades atribuyen el hecho a las disidencias de las Farc y al ELN. Ese fue el segundo ataque en menos de 72 horas.
Y esa es apenas una de las oleadas de violencia que azotan al país, pues según datos de las Naciones Unidas, las masacres están aumentando y en el primer semestre de 2023 ya sumaron 168 víctimas. La comunidad en general también ha quedado desprotegida y a merced de los grupos ilegales, por lo que varias instituciones internacionales ya han alertado por el aumento de violencia en el país. El más reciente informe presentado por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos indica que para el primer semestre del año en curso, se registraron 52 masacres. Ese dato es alarmante en comparación al mismo periodo pero en 2022, cuando se reportaron 47 masacres, lo que representa un aumento del 11% en tan solo seis meses.
Según el informe, esas matanzas dejaron 168 muertos en todo el territorio nacional. En su mayoría hombres (124), mujeres (25) y también se contabilizaron víctimas menores de edad (19).
Dentro de los departamentos más azotados por este flagelo están Atlántico, Antioquia, Cauca, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.
Frente al contexto violento, la ONU pidió al gobierno “hacer una mejor articulación entre la política de paz total, la política de desmantelamiento y la política de seguridad”.
Así mismo, resaltó la importancia de una mejor articulación de autoridades para fortalecer la presencia integral del Estado. “Nos preocupa que las poblaciones locales continúen sintiendo el abandono estatal”, agregó el informe de la ONU.
