638 hallazgos disciplinarios y 45 de carácter penal, dan cuenta también de la gravedad del problema que significa el manejo de los recursos del SGP destinados a los Resguardos Indígenas.
Conclusiones preocupantes arroja la Actuación Especial de Fiscalización que ordenó el año pasado el Contralor Carlos Felipe Córdoba sobre la utilización de recursos del SGP por más de $1,04 billones, destinados a los Resguardos Indígenas en las últimas cinco vigencias (2015 a junio de 2019).
Se corrobora lo que anticipó el Contralor: no se ve el resultado e impacto de estos recursos.
Solo el 25% de las de 200 entidades territoriales objeto de esta Actuación manejaron adecuadamente estos recursos. El 62% presentó fallas no tan graves y el 11% deficiencias generalizadas.
En 23 de los 29 departamentos que cuentan con resguardos indígenas y fueron auditados por la CGR, se presentaron deficiencias especialmente por la no suscripción de contratos de administración y, en otros casos, por el no reporte de los mismos.
Buena parte de los recursos destinados a los Resguardos son ejecutados en compra de bienes de consumo inmediato y no en proyectos de inversión que garanticen mejoramiento en la calidad de vida de las comunidades indígenas.
Es recurrente que no se ejecuten todos los recursos disponibles o el presupuesto definitivo.
Del presupuesto auditado en las cinco vigencias ($1,04 billones), se ejecutaron $662.702 millones aproximadamente (el 63.69%).
Listado de municipios que no suscribieron contratos de administración con los resguardos indígenas de su jurisdicción en las vigencias auditadas y de municipios que dejaron de ejecutar recursos.
Se evidenciaron debilidades en la supervisión de los contratos y convenios suscritos por los entes territoriales.
Por falta de supervisión de los contratos y convenios, se dan situaciones como la falta de entrega oportuna y completa de los bienes adquiridos.
Un total de 156 hallazgos con presunta incidencia fiscal, por $16.776 millones de pesos, estableció la Contraloría General de la República al concluir una Actuación Especial de Fiscalización a los más de $1,04 billones de pesos del Sistema General de Participaciones destinados a los Resguardos Indígenas del país, durante las vigencias 2015 a 30 de junio de 2019.
Se determinaron 760 hallazgos administrativos, de los cuales 638 tienen posible connotación disciplinaria y 45 presunto carácter penal.
Otros 26 hallazgos dieron lugar a solicitudes de apertura de Indagación Preliminar, 7 a Procesos Administrativos Sancionatorios, 22 tienen otras incidencias y 41 representaron beneficios de auditoría por $2.235 millones.
Adicionalmente, la gran mayoría de los recursos son ejecutados en compra de bienes de consumo inmediato y no en proyectos de inversión que garanticen el mejoramiento en la calidad de vida de la comunidad indígena.
A partir de los documentos aportados por las entidades territoriales, se determinó un presupuesto definitivo auditado, en las cinco vigencias, de $1.040.465.959.949, el cual incluye lo girado por el Ministerio de Hacienda, los rendimientos financieros y recursos del balance incorporados en 2015, correspondientes a recursos disponibles de vigencias anteriores.
Del presupuesto señalado se ejecutaron $662.702.203.040, que representan el 63.69% de los recursos disponibles ($592.829.177.303 ejecutados por entes territoriales y $69.873.025.737 por Resguardos Indígenas Certificados).
Para adelantar esta ejecución, las entidades territoriales suscribieron previamente 3.111 contratos de administración de recursos, por $916.976.492.528, suma que representa el 88.13% del total de recursos.
En 23 de los 29 departamentos que cuentan con resguardos indígenas y fueron auditados por la CGR, se presentaron deficiencias especialmente por la no suscripción de contratos de administración y, en otros casos, por el no reporte de los mismos.
Y se da igualmente inoportunidad en la incorporación de los intereses recibidos y los recursos del balance.
Se evidencian deficiencias por la no elaboración de proyectos de inversión, o formulación inadecuada (sin cumplimiento de todos los requisitos), además de la inoportunidad de los mismos, afectando la ejecución del presupuesto (se ejecuta sin tener claras las necesidades de la comunidad indígena).
*Los municipios de El Bagre, Cáceres (Antioquia), Guapi (Cauca), Chía (Cundinamarca), Unguía y Acandí (Chocó), Calamar (Guaviare), Rivera (Huila), Albania (La Guajira) y Prado (Tolima), no suscribieron contratos de administración con los resguardos indígenas de su jurisdicción en las vigencias auditadas, es decir, no ejecutaron los recursos que les fueron asignados y girados para realizar proyectos de inversión en beneficio de las comunidades indígenas.
Estos 10 municipios dejaron de ejecutar $6.521.503.357 en las 5 vigencias.
*El municipio de Arauca, no obstante haber suscrito los contratos de administración con los 5 resguardos de su jurisdicción por $449.566.819, no ejecutó los recursos en las vigencias 2016 y 2017, por tanto, no se realizó ningún proyecto de inversión que beneficiara a la comunidad indígena.
*Arauquita, en el departamento de Arauca, suscribió contratos con los Resguardos Indígenas Bayoneros por $9.905.140; El Vigía por $69.700.000 y Cajaros por $5.801.396, en la vigencia 2017. Sin embargo, no hubo ejecución del contrato de administración, como consecuencia tampoco los proyectos de inversión se llevaron a cabo.
*En el departamento Caldas, los municipios de Belalcázar, Riosucio, Risaralda y San José suscribieron los contratos de administración en las vigencias auditadas, pero no incorporaron los proyectos de inversión a ejecutar ni las actas de priorización de los mismos por las asambleas de las comunidades indígenas.
*Albania en el Caquetá, para su resguardo solo suscribió contrato de administración en la vigencia 2018; igual que La Montañita, en el mismo departamento, que para su resguardo solo suscribió en el 2016, dejando de ejecutar $238.390.349 y $144.284.732, respectivamente, en las 5 vigencias.
*El Consejo de Autoridades Indígenas del Resguardo Indígena de San José del Ariporo, en el municipio de Paz de Ariporo, por voluntad propia dejó de ejecutar los recursos en las vigencias auditadas, que sumaron $368.079.848.
*El municipio de Timbiquí en el Cauca, no suscribió contratos de administración para sus 4 resguardos indígenas, en las vigencias 2015 y 2017. (Total presupuesto sin ejecutar: $1.284.630.718).
*Para las vigencias 2017, 2018 y 2019, el municipio de Villagarzón – Huila, no celebró contratos de administración de recursos para los 11 resguardos del municipio.
*Las actas de supervisión no detallan la labor ejecutada en cumplimiento del objeto contractual.
*Extremos como en la Alcaldía de Solano – Caquetá, en donde el contratista termina haciendo entrega de dinero en efectivo a los beneficiarios, porque los materiales y/o equipos que les compraba la entidad territorial no les eran necesarios y no estaban contemplados dentro del contrato de administración.
*Adquisición de bienes muebles (vehículos, lanchas etc.) sin el título de propiedad a nombre del resguardo (Orocué-Casanare, Buenos Aires-Cauca, San José del Guaviare y Cumbal-Nariño).
*Falta de legalización de los predios adquiridos por los resguardos y cuyo título de propiedad no está a favor del resguardo (Ipiales-Nariño, Dibulla-Guajira y San Agustín-Huila).
*Maquinaria entregada por el ente territorial pero que no se encuentra en uso por el resguardo.
*Obras inconclusas, fallas de calidad de obra, bienes sin utilizar o deteriorados, obras terminadas sin prestar servicio alguno (Aldana, Córdoba, Cumbal, Guachucal, Ipiales, Potosí y Santacruz (Nariño), Puerto Leguízamo (Putumayo).
*La no entrega de los elementos solicitados en donde se cambian por otros de uso exclusivo del representante legal del resguardo.
*Venta de los elementos entregados por el ente territorial, por parte de algunos miembros de la comunidad indígena, por lo que la adquisición de los mismos es repetitiva durante varias vigencias. Por su vida útil, se considera que no debían ser adquiridos cada año.
*Contratación de alimentación para 95 pacientes, los cuales -según cruce con las ESE- no fueron atendidos en los tiempos en que se realizó la contratación (Cubará y Güicán, en el departamento de Boyacá).
*Pago de incentivos que no se encuentran dentro de los fines de los recursos utilizados.
*En el departamento de Guainía se realizó el pago de subsidios estudiantiles que no corresponden a un proyecto de inversión autorizado, por $246.282.543. Y mientras tanto se declararon como inviables, cultivos de yuca dulce, reparación de viviendas y conucos afectados por la ola invernal del 2018.
*Pago de manipuladoras las cuales debieron ser garantizadas por el operador del PAE, contratado por la Gobernación del Amazonas.
Estas entre otras muchas anomalías, publica el ente de control en su página oficial.
