En zozobra total están viviendo unos 12.000 habitantes de la Trocha Ganadera, Charras y Boquerón en San José, capital del departamento del Guaviare, donde los grupos alzados en armas que delinquen en esa región, los tienen amenazados y no los dejan salir de las veredas en medio de la fuerte confrontación que mantienen las disidencias.
El pánico se tomó la zona donde según las denuncias de los mismos campesinos y residentes, con amenazas los subversivos no los dejan salir del lugar.
El alcalde de San José, Willy Rodríguez, ante las amenazas y el pánico que tienen los habitantes de ese sector del Guaviare envió un fuerte mensaje al Ministerio de la Defensa y al Gobierno Nacional para que se proteja al Guaviare de los hechos violentos que lo atacan.
“Como alcalde de la capital del Guaviare, hago un reiterado llamado urgente al Gobierno Nacional para que brinde su apoyo y acompañamiento frente a la situación que afecta nuestra zona rural, especialmente en el corregimiento Charras, Boquerón y su corredor vial de más de 140 kilómetros donde los recientes bloqueos y cierres por las confrontaciones de los grupos armados ilegales que hacen presencia en el territorio han impedido el tránsito de aproximadamente 10.000 personas, colonos indígenas, campesinos y productores de más de 30 veredas de este sector”, aseguró el alcalde de San José.
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Hizo un llamado a los organismos humanitarios y de derechos humanos y a la sociedad civil, para que los acompañe y respalde en ese clamor de las comunidades rurales que piden garantías mínimas para vivir y trabajar en paz voz.
“Esta situación está generando graves afectaciones económicas con pérdidas millonarias diarias, que golpean directamente a familias que dependen de la producción agrícola y pecuaria para existir y que hoy se ven imposibilitados de comercializar sus productos y transportar insumos, alimentos y demás para movilizarse libremente”, dijo el mandatario.
También se dirigió a los grupos armados presentes en el territorio para reiterar que los campesinos no son parte del conflicto armado y exigir que sean dejados por fuera de cualquier dinámica de confrontación.
“El campo necesita tranquilidad, no más violencia. Desde esta administración, reforzamos nuestro compromiso con la vida, la dignidad y el bienestar de las comunidades rurales y pedimos reiteradamente y con urgencia la atención del gobierno nacional en un momento crítico para la seguridad, la economía y la estabilidad de nuestro territorio. El Guaviare es y será un territorio para la vida de gente comprometida y convencidas de buscar la paz”, aseveró el alcalde de San José Willy Alejandro Rodríguez Rojas.
También la Defensoría del Pueblo alertó sobre la crisis humanitaria en el departamento del Guaviare, la cual refleja la violencia y vulneración de derechos que se han advertido en los últimos meses.
Asevera la Defensoría que en ese departamento hay personas desaparecidas, menores de edad reclutados y asesinados y hoy más de 10.000 campesinos que están confinados por confrontaciones entre las disidencias, al mando de alias y Iván Mordisco y de alias Calarcá en hechos que ya habían sido advertidos en una alerta temprana de enero de este año.
“Hacemos un llamado urgente a las estructuras disidentes de las antiguas Farc bloques Jorge Suarez Briseño al mando de alias Calaca Córdoba y del bloquea Amazonas al mando de alias Iván Mordisco para que se den inmediato las acciones que están poniendo en riesgo la vida, integridad de libertad de miles de habitantes del corregimiento Charras Boquerón, Inter veredales de San Francisco, Guacamayas, Cámbulos y demás veredas del municipio de San José Del Guaviare”, dijo la Defensoría del Pueblo.
La trocha ganadera en San José del Guaviare conecta 60 veredas donde aproximadamente 12.000 personas han sido víctimas de confinamiento derivados de la imposición de un bloqueo armado por parte de estas estructuras ilegales, reitera el organismo humanitario.
“Esta situación ha impedido la circulación de misiones médicas y generado desabastecimiento de alimentos y bienes esenciales, afectando a toda la población, incluidos estudiantes, docentes, niños y adolescentes de manera alarmante, donde la presencia armada y las confrontaciones entre estos dos grupos armados continúan creciendo, aumentando el riesgo para la comunidad que permanece incomunicada y expuesta a nuevas vulneraciones de sus derechos. Estos hechos están consumando los riesgos advertidos por la alerta temprana de enero de 2025”, dijo la defensoría.
