Procuraduría alertó a la entidad sobre “la obligatoriedad de dar cumplimiento al principio de publicidad y los desajustes en lo establecido.
Una advertencia sobre riesgos en proceso licitatorio de USPEC para la alimentación de la población carcelaria en Colombia, fue lanzada por la Procuraduría General.
A menos de diez días de iniciado el plazo para adjudicar el contrato del nuevo operador que suministrará los alimentos para la población carcelaria del país, se dio este llamado que según la Procuraduría es “sobre inconvenientes hallados en el proceso licitatorio”.
En relación con el llamado, RCN Radio conoció que durante una reunión adelantada con el director de la Unidad para Servicios Carcelarios y Penitenciarios -USPEC- Ludwing Joel Valero Sáenz, la Procuraduría alertó a la entidad sobre “la obligatoriedad de dar cumplimiento al principio de publicidad y los desajustes en los cronogramas establecidos”.
También se conoció que la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, encargada del caso, “indaga sobre el plan de acción para garantizar la alimentación de más de 124 mil personas privadas de la libertad a partir del 1 de diciembre de 2023 dado que, la fecha de terminación de los contratos vigentes es el próximo 30 de noviembre”.
Pero el llamado fue mucho más allá, dado que también se cuestionó a la USPEC sobre el plan de contingencia previsto para garantizar la continuidad de este servicio en aquellos lotes que no resulten adjudicados.
Por medio de un documento, la Procuraduría dio a conocer otro de los aspectos de esta licitación que les preocupa, refiriéndose a “la contratación de la empresa que realizará la interventoría a este contrato, que supera los 800 mil millones de pesos, pues a escasos 10 días de su adjudicación, no se cuenta con ello”.
En ese mismo documento, el Ministerio Público señaló que “de acuerdo con lo señalado por la USPEC, se ha contemplado un presupuesto aproximado de $ 47 mil millones, constituye un factor fundamental dado el alcance y la magnitud de este proceso contractual y la prevalencia de los derechos fundamentales de las PPL”.
