
En medio de la tragedia nacional por el crimen contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la organización criminal “Muerte a guardianes opresores” (Mago) envió un crudo mensaje a la cúpula del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Se trata de la organización apéndice de la banda delincuencia La Inmaculada, que controla las economías ilegales de Tuluá, y que está reaccionando al proceso de extradición que se sigue en contra de su líder, Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá.
En el panfleto, que está fechado este domingo 8 de junio, tiene por objetivo el teniente coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec. Además, el teniente coronel Rolando Ramírez, director de Custodia y Vigilancia. Y un mayor de apellido Valero, que al parecer sería Alirio Pinto Valero.
“Dadas las circunstancias actuales por las que estamos pasando, debido al incumplimiento de palabras y de acuerdos de paz, los cuales fueron solo promesas, al mejor estilo político fraudulento, creyéndose intocables e inalcanzables, sabiendo que hoy por hoy nosotros llegamos donde queremos”, explican en el comunicado.
Y siguen: “Si piensan que por sus malas acciones y decisiones, estas no solo van a repercutir en rodos los hombres que tienen a su mando, están muy equivocados. Se les informa que a partir de la fecha, los tres señores en mención son declarados objetivo militar por parte de nuestra estructura armada. El que busca, encuentra. Ustedes no son imposibles para nosotros”.
Lo último que se sabía de alias Pipe Tuluá había sido su interés, hace exactamente un año, de hacer parte de una mesa de negociaciones con el gobierno nacional. Alias Pipe Tuluá se comprometió públicamente a no ordenar muertes violentas en el municipio valluno durante un mes. La posición de gobierno, en ese momento, fue de escucha, ofreciendo como máximo un proceso de sometimiento, al carecer la organización La Inmaculada de fines políticos.
Alias Pipe Tuluá, además, prometió develar la columna vertebral de su estructura a partir de un “inventario”. Que entregarán sus niños y jóvenes al ICBF, para brindarles nuevas oportunidades fuera del crimen. Y que 80 armas, entre ellas 20 de largo alcance y un lanzacohetes, serán puestos a disposición de las autoridades. “Además, proponemos que se realice la feria de Tuluá para la cual aseguramos la seguridad y el bienestar de todos los asistentes a la Feria”, fue otro de los compromisos que fueron develados a W Radio.
Sin embargo, la última semana se activó el proceso de extradición solicitado, como lo confirmó la Policía Nacional, por Estados Unidos. Alias Pipe Tuluá fue trasladado desde la cárcel La Picota de Bogotá con destino a un búnker bajo custodia de la institución, desde donde se realizará su traslado a Norteamérica.
Fuentes cercanas al trámite de extradición del líder de La Inmaculada le dijeron a El Espectador que la verdadera razón de su traslado del penal fue la información obtenida por las autoridades sobre la existencia de un plan para que se fugara de la cárcel. La banda criminal liderada por “Pipe Tuluá” habría sido la encargada de fraguar la idea y de recoger aproximadamente $800 millones para entregar sobornos y hacer pagos a personal que permitiera su salida de la cárcel.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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