El organismo alertó que hay riesgos en el proceso de licitación.
La Procuraduría General de la Nación sugirió al alcalde de Quibdó (Chocó), Rafael Andrés Bolaños, suspender el proceso de licitación correspondiente al Programa de Alimentación Escolar (PAE) para la vigencia 2025.
Esta recomendación hecha por el organismo se basó en la necesidad de prestar atención a las alertas emitidas por el ente de control sobre el proceso para la contratación de este programa de alimentación.
En el marco de su función preventiva, la Delegada Primera para la Función Pública señaló que, tras revisar las respuestas a las observaciones y sugerencias hechas en diciembre de 2024, se determinó que persistían riesgos debido a la no inclusión de factores de ponderación obligatorios.
El ente de control solicitó al mandatario local un informe detallado con los análisis que justificaron la exclusión de los factores ponderables obligatorios de compra pública local, cuota parafiscal y proveedor directo.
Además, pidió otro informe con los análisis realizados para no incluir en los documentos del proceso disposiciones como la inclusión de las zonas geográficas y la compra pública local de alimentos a pequeños productores agropecuarios.
El Ministerio Público advirtió que existen riesgos significativos al adjudicar la licitación basándose en el pliego de condiciones definitivos vigentes.
Por esta razón, solicitó también la publicación del documento enviado a la plataforma transaccional SECOP II, dentro del proceso, junto con la correspondiente respuesta, de manera que sea visible para todos los interesados.
La Procuraduría enfatizó la importancia de incluir factores de ponderación obligatorios para asegurar que el proceso de licitación sea justo y transparente.
El organismo afirmó que exclusión de estos factores podría llevar a decisiones que no beneficien a la comunidad y que no cumplan con los estándares de transparencia requeridos.
El alcalde Rafael Andrés Bolaños deberá responder a estas solicitudes y proporcionar los informes requeridos para justificar las decisiones tomadas en el proceso de licitación.
