La Procuraduría General de la Nación ordenó el inicio de una indagación previa contra funcionarios por determinar del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, tras la denuncias realizadas por el uso de un avión oficial de la Policía Nacional para el traslado de un grupo de influenciadores y simpatizantes del Gobierno a la ciudad de Barranquilla.
La investigación fue asumida por laSala de Instrucción Disciplinaria de la Procuraduría que indagará los hechos ocurridos el pasado martes 20 de mayo, cuando se desplazó a la capital del Atlántico una comitiva integrada por varios influenciadores, quienes supuestamente cubrirían “de manera propagandística el cabildo abierto que realizó Gustavo Petro en el paseo Bolívar”.
El objetivo es establecer si en la celebración y ejecución de convenios interadministrativos para la utilización de los aviones adscritos a la Policía Nacional, se han presentado irregularidades e identificar a los presuntos responsables de estos hechos.
De igual forma, el Ministerio Público pedirá explicaciones a raíz de las denuncias en el sentido de que se estarían “utilizando los aviones de la fuerza pública para transportar a funcionarios e invitados afines a su ideología a distintas partes del país».
“La actuación disciplinaria que inició la Sala de Instrucción Disciplinaria busca determinar la ocurrencia de la conducta y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, para lo que decretó la práctica de pruebas”, explicó la Procuraduría General de la Nación.
Esta investigación se suma a las labores de la Contraloría General de la República que envió una solicitud formal al ministro del Interior, Armando Benedetti, para que entregue información en torno a estos hechos.
La Contraloría expresó su preocupación por la legalidad, justificación y sustento administrativo de dicho traslado, pidiendo aclaraciones sobre si existe algún convenio o autorización vigente que permita el uso de aeronaves oficiales para el transporte de personas ajenas a la función pública.
La Contraloría enfatizó que esta solicitud hace parte de sus labores preventivas para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
