De. PGN
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación a la secretaria de Gestión Social y Participación Ciudadana de la Alcaldía de Villavicencio, Meta, Maritzabel Ramírez Gómez, por presuntas irregularidades en el contrato 871 de 2016 por $1.998’195.500 para el suministro de alimentos en los centros vida, a adultos mayores en estado de vulnerabilidad y/o extrema pobreza.
La decisión de la Procuraduría Provincial de Villavicencio también involucró al interventor del Contrato 871 de 2016, suscrito entre la alcaldía y la Corporación Social y Cultural de la Orinoquía (Corsoculdeorinoquía), Julián Andrés Vargas Álvarez; y al coordinador del Programa del Adulto Mayor y supervisor del Contrato de Interventoría 969 de 2016, Sehir Esgardo Rodríguez Rodríguez.
El ente de control investiga las denuncias de la veeduría ciudadana Comunidad Villavicencio que señalan a Ramírez Gómez de consignar falsedades al efectuar la evaluación técnica y certificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del objeto contractual.
A Vargas Álvarez se le investiga por presuntamente duplicar pagos, faltar a la verdad al certificar el cumplimiento del contrato, entregar alimentos a personas no beneficiarias y por otras irregularidades en el control del servicio; además de la supuesta omisión de verificar y certificar la entrega de 10 cupos adicionales ofertados por Corsoculdeorinoquía, que fueron un factor decisivo en el puntaje que obtuvo.
En el curso de la investigación el ente de control verificará si Rodríguez Rodríguez incumplió su función de constatar que el interventor hubiese llevado a cabo sus obligaciones, pues en caso de haberlas omitido habría podido favorecer económicamente al contratista.
La PGN adelanta esta actuación con el fin de establecer la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron, determinar si constituyen faltas disciplinarias, y el posible perjuicio causado. Los implicados podrán solicitar ser escuchados en versión libre.
