Este miércoles arrancó en el Congreso de la República, el primer debate del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el próximo año por $405,6 billones.
La ponencia contiene más de 120 artículos, 35 de ellos nuevos entre ellos la prórroga de los subsidios de energía y gas hasta diciembre de 2023, con recursos por $1,5 billones para los hogares de estratos 1,2 y 3.
La senadora Liliana Bitar una de las proponentes de este artículo, celebró el acogimiento del mismo: «Queremos agradecerles a nuestros compañeros ponentes de las Comisiones Económicas, así como al Ministro de Hacienda, por haber apoyado y accedido en una parte de nuestras solicitudes, como las de incrementar el monto de los subsidios de energía y gas para los hogares más vulnerables de la nación”.
Cabe mencionar que en la ponencia también se hace referencia a la focalización de los subsidios energía a aquellos usuarios de estratos vulnerables que lo necesiten.
“Buscando la eficiencia de los recursos presupuestales destinados para financiar subsidios de energía eléctrica y gas a usuarios de menores ingresos, se implementarán medidas que permitan el cruce entre la estratificación y la información socioeconómica de los usuarios como parámetro de focalización del subsidio”, dice el articulado.
La senadora Bitar también propuso al Gobierno, ampliar el subsidio para el GLP , o tradicional gas en cilindro que utilizan más de 3,5 millones de familias en todo el país .
Según la Senadora para que este subsidio beneficie a las familias en todo el país, se necesitan cerca de 400 mil millones de pesos.
Gasnova, el gremio que representa a los distribuidores del GLP, señala que actualmente los subsidios a este sector están en seis departamentos : Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá, San Andrés Islas y el Amazonas.
En el caso del estrato 1 el subsidio es de 50%, y para el estrato 2 de 40%, sin embargo el gremio estima que este valor debe ser recalculado , teniendo en cuenta que por los altos costos del GLP, solo le está llegando el 20% a las familias.
Cabe señalar que los recursos, que crecieron en $53 billones frente al presupuesto de 2022, se destinarán, principalmente a las prioridades establecidas por el actual Gobierno, que son: desarrollo agropecuario -en su mayoría reforma agraria-, educación, salud, agua potable y vivienda rural; así como programas para el fomento de la paz -como la sustitución de recursos ilícitos- y lucha contra el hambre, entre otros.
