Diversas organizaciones sociales y ambientales han denunciado irregularidades en el proceso de licenciamiento ambiental, que empezó a finales del año pasado y que evalúa la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
Ecopetrol es la interesada en desarrollar un piloto de fracking en el municipio de Puerto Wilches (Santander). La técnica llamada también de fracturación hidráulica, extrae petróleo y gas de yacimientos no convencionales (YNC), los cuales se encuentran en lo profundo de la tierra.
Esta práctica ha sido muy cuestionada por varias organizaciones científicas, ambientales y sociales, no solo en Colombia sino a nivel internacional, dado los efectos negativos que podría producir en las fuentes de agua y en el bienestar de los suelos.
El 29 de octubre del año pasado, Ecopetrol solicitó ante la Anla iniciar el trámite de licencia ambiental para la construcción del pozo Kalé en Puerto Wilches (Santander).
Ese mismo día, el Ministerio de Ambiente solicitó ante la ANLA la audiencia pública, en un hecho sin precedentes para el país, según Hernán Morantes, abogado de la Corporación Compromiso, una de las 100 organizaciones ambientales que hace parte de la Alianza Colombia Libre de Fracking.
La autoridad ambiental explicó que la norma establece que, «la celebración de una audiencia pública ambiental puede ser solicitada por el Procurador General de la Nación o el Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, el Defensor del Pueblo, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los Directores Generales de las demás autoridades ambientales, los gobernadores, los alcaldes o por lo menos cien (100) personas o tres (3) entidades sin ánimo de lucro».
Días después de que Ecopetrol presentara la solicitud de licencia ambiental, la ANLA no aprobó dicha solicitud porque no cumplía con algunos requisitos de forma. La petrolera volvió a presentar la solicitud el 9 de noviembre del 2021.
Para las organizaciones ambientales que denuncian irregularidades en este trámite, el Ministerio de Ambiente debió presentar de nuevo la solicitud de audiencia publica. Sin embargo, la ANLA contestó que no era necesario.
«Nosotros nos encontramos muy preocupados por las irregularidades que vienen aconteciendo en el trámite de licenciamiento ambiental para los proyectos piloto de fracking en Puerto Wilches (Santander). Realmente se ve un afán absoluto por parte del Gobierno Nacional de viabilizar estos proyectos piloto en el país, en donde ni siquiera se respetan los procedimientos establecidos», aseguró Morantes
Agregó que «se manifiesta que la solicitud de esta audiencia pública, se hace por el Ministerio de Ambiente que nunca lo había hecho en la historia de los procedimientos de licenciamiento ambiental del país».
Por su parte, el subdirector de Participación Ciudadana Ambiental de la ANLA, Paulo Pérez, respondió si fue o no una coincidencia que Ecopetrol y el Ministerio de Ambiente solicitaran el mismo día, tanto el trámite de licencia ambiental como la audiencia pública.
«La solicitud (de la audiencia pública) debe hacerse a través de una plataforma que la administra el Ministerio de Ambiente. Esa plataforma se llama ‘Vital’. Esa es una plataforma de información, imagino que esa debe ser la razón», dijo Pérez.
Según el vocero de una de las organizaciones ambientales, «la aprobación de la audiencia pública ambiental debe hacerse después de cerrada la etapa de evaluación del proceso de licenciamiento, como se viene haciendo en todos los demás proyectos sujetos a licenciamiento».
En este caso, la ANLA aseguró que ante la ley es posible ordenar la audiencia pública «en cualquier momento». Sin embargo, para convocarla y celebrarla «solo se puede expedir y fijar cuando ya estén completos y disponibles todos los estudios ambientales del proyecto».
La audiencia pública para este proyecto de fracking se hará el próximo 22 de febrero y según Morantes, «dieron apenas un mes aproximadamente para que las comunidades revisen el Estudio de Impacto Ambiental Completo más la información adicional solicitada por la ANLA a Ecopetrol en diciembre. Estos expedientes pueden tener más de 3.000 folios. Esto claramente es una violación del derecho de participación efectiva y del acceso a la información en materia ambiental».
