Así fue el empalme entre Fernando Carrillo y Margarita Cabello.
Se tiene previsto que el próximo viernes 15 de enero se posesione como nueva procuradora General de la Nación la ex ministra de Justicia y ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabella Blanco, en reemplazo de Fernando Carrillo.
Fuentes cercanas al proceso de empalme, que arrancó a principios de noviembre, contaron al Heraldo, sobre los temas principales que se tocaron entre los dos grupos que sesionaron, uno en Bogotá y otro en Barranquilla, para asegurar una transición exitosa en el ente del Ministerio Público.
Cabello delegó las gestiones de empalme en una comisión de la Universidad del Rosario –institución en la que cursó más de la mitad de su carrera de derecho–, encabezada por el propio rector de la Universidad del Rosario, José Alejandro Cheyne, y por el decano de la facultad de leyes, Julio Londoño Paredes.
De dichas reuniones por grupos quedaron informes de centenares de páginas con todos los casos más relevantes de la veintena de procuradurías delegadas que conforman el ente de control disciplinario.
Pero además, uno de los puntos clave que se abordaron en el empalme fue el de los asuntos financieros y administrativos, en los que tendrá que definir, entre otras cosas, qué cargos directivos de libre nombramiento y remoción le quedan disponibles para rodearse con su equipo de trabajo, porque la Procuraduría es una institución que tiene carrera administrativa y la procuradora Cabello tendrá, por ejemplo, menos cargos a su disposición que los que tuvo Edgardo Maya, Alejandro Ordóñez o Carrillo.
En cuanto a los temas misionales, uno de los más importantes es cómo quedan las funciones investigativas y sancionatorias de la Procuraduría tras el fallo de la Corte IDH en el caso del senador y ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y por eso hubo diferencias entre Carrillo, quien dejó en el Congreso un proyecto al respecto, y Cabello, quien prepara su propio proyecto.
También están pendientes los grandes temas de la reglamentación de las acciones de la fuerza pública ante las protestas sociales; el proceso de paz y la JEP; los asesinatos de líderes sociales y los excombatientes de las extintas Farc; las pesquisas de corrupción (ayudas Covid, Odebrecht, PAE, salud, obras públicas); la anunciada vuelta al glifosato y los temas de violencia intrafamiliar y violencia contra mujeres y menores de edad.
Así mismo, la procuradora entrante trabajará en la puesta en marcha de la oralidad en la jurisdicción disciplinaria y recorrerá todas las regiones del país para reunirse con los funcionarios.
Demandas a su elección
Desde que fue designada por el Congreso como nueva procuradora general, se han conocido dos demandas de nulidad de esta elección. La primera, que se presentó a finales de noviembre, argumentaba que Margarita Cabello estaba inhabilitada porque el año previo había fungido como ministra de Justicia.
No obstante, la Sección Quinta del alto tribunal de lo contencioso administrativo negó la medida cautelar de suspensión de los efectos jurídicos de su elección.
La ponencia de la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez así lo dispuso, porque encontró que «en esta etapa procesal no se advierte una infracción a las normas en que sustentó el demandante su petición de suspensión provisional”.
Posteriormente, a mediados de diciembre, fue radicada otra demanda, que indica que se presentó una “desviación de poderes” por parte del Senado al elegirla como procuradora, puesto que se desconoció el papel que ejerció en el mismo Congreso como ministra de Justicia.
“(Se) desconoció el principio constitucional de separación de poderes, teniendo en cuenta que esta se desempeñó como ministra de despacho hasta el 18 de agosto de 2020, interviniendo en dicha calidad y como defensora de las pretensiones del gobierno ante el legislativo en diversas oportunidades”, se lee.
Los procesos que siguen su curso
Entre los procesos más sonados que heredará la procuradora se encuentran el caso en contra del saliente director de la Policía, el general Óscar Atehortúa, por presunta corrupción.
El oficial fue citado a juicio disciplinario por presuntas irregularidades relacionadas con el proyecto de viviendas fiscales Cenop, en el municipio de San Luis, Tolima. Así mismo, por aparentes faltas en el trámite que dio a las acciones disciplinarias y por supuesta extralimitación de funciones y tráfico de influencias.
Del mismo modo, está el expediente contra varios uniformados del CAI de Villaluz que estarían involucrados en los hechos en los que resultó muerto en el señalado caso de brutalidad policial el ciudadano Javier Ordóñez, el pasado 9 de septiembre. Se trata de los policiales Fabio Moreno, Anderson Acero, Henry Bonilla, William Rodríguez y Gabriel Bohórquez.
También se encuentra cursando el proceso disciplinario contra el ex gerente del sistema de medios públicos Radio Televisión Nacional de Colombia, Rtvc, Juan Pablo Bieri, por presunta extralimitación de funciones, abuso de autoridad, censura y posible violación a los derechos de libertad de expresión y opinión. Bieri, presuntamente, intentó sacar del aire el programa Los Puros Criollos.
Y entre los expedientes más importantes está el que se sigue en contra del suspendido senador Eduardo Pulgar, del Partido de la U, quien es investigado por aparentemente intentar sobornar a un juez de Usiacurí, Atlántico, para, al parecer, favorecer una decisión judicial en medio del caso Unimetro.
Pulgar fue detenido en el Aeropuerto El Dorado, de Bogotá, el pasado 1 de diciembre por orden de la Corte Suprema de Justicia y en estos momentos está recluido en la Cárcel La Picota.
La nueva procuradora, una mujer de toda la carrera judicial
Margarita Cabello Blanco es abogada egresada de la Corporación Universitaria de la Costa, aunque cursó gran parte de su carrera en la Universidad del Rosario; es especialista en Derecho de Familia de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y en Derecho Procesal Civil de las universidades Externado de Colombia y de Cartagena.
Además, es candidata a la maestría en Derecho Procesal Contemporáneo en la Universidad de Medellín.
Empezó su carrera judicial como escribiente, pasó a ser jueza penal municipal en Sabanalarga, Atlántico, y fue también jueza de menores y jueza civil del circuito de Barranquilla.
Luego entró a la magistratura del Tribunal Superior de Barranquilla y después a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y a la presidencia en 2016 de este alto tribunal.
También fue jefe jurídico durante dos meses en la Corporación Financiera del Norte, Cofinorte, del Grupo Santo Domingo.
Posteriormente ejerció durante tres años, de 2009 a 2012, el cargo de procuradora delegada de la Sala Disciplinaria.
El expresidente Álvaro Uribe la ternó a la Corte Suprema para elegir fiscal general en 2009.
Así mismo, ha sido catedrática por más de 20 años en Unicosta y en las universidades del Norte, Libre y Simón Bolívar, de Barranquilla, en las especialidades de Derecho Probatorio, Procesal Civil y de Familia.
El Ministerio de Justicia publicó en su momento en su perfil que “en 2016 recibió la condecoración José Ignacio de Márquez al mérito judicial en las categorías Plata y Oro por su destacado desempeño, pues fue la mejor magistrada de tribunal superior del país y la mejor magistrada de la Corte Suprema de Justicia”.
El presidente Iván Duque la ternó en 2018 en la terna para fiscal ad hoc para investigar el caso Odebrecht. Cinco meses después, fue nombrada ministra de Justicia y a mediados de agosto fue ternada a la Procuraduría.
