José Félix Lafaurie y Crisis Group: grupos armados realizan obras y controlan presupuestos en Colombia

El presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y miembro del equipo negociador del Gobierno en los diálogos con el ELN, expresó que las diversas estructuras criminales muestran un interés particular en las comunidades étnicas y las Juntas de Acción Comunal.

Lafaurie expresó su preocupación por estos grupos vulnerables, señalando que, según el International Crisis Group (ICG), los grupos armados ilegales emplean una combinación de “seducción y violencia” contra ellos.

Indicó que estos grupos ilegales, en un principio, respaldan obras públicas, proporcionan mercados, regalos a los niños y empleo en sus “empresas ilícitas”, además de administrar justicia. Sin embargo, Lafaurie señaló que luego reclutan informantes y cooptan las Juntas de Acción Comunal, en una estrategia de miedo.

“Estrategia que incluye el reclutamiento y abuso de menores, exterminio de indeseables, líderes sociales y colaboradores del Ejército o de otros grupos armados, con los que luchan por el control territorial, generando confinamiento y desplazamiento”, explicó Lafaurie.

Lafaurie, también miembro del equipo negociador del gobierno con el ELN, señaló que estos dos grupos vulnerables, las comunidades étnicas y las Juntas de Acción Comunal, son el blanco preferido de estos grupos armados ilegales, por su parte, las comunidades étnicas, por ser propietarias colectivas de cerca de un tercio del territorio colombiano, incluyendo zonas ricas en minerales y con rutas de transporte fluvial, y las Juntas de Acción Comunal, por su influencia en las comunidades y su capacidad de contratación.

Añadió que, paradójicamente, estos dos grupos sociales están protegidos por el actual gobierno a través de recursos que se distribuyen sin recortes.

«La contratación mínima con las JAC para infraestructura básica siempre ha existido, pero el gobierno Petro intentó hacerla exclusiva para convertir a las JAC en ‘gestoras de la economía popular’, lo cual fue rechazado por el Consejo de Estado.

“Sin embargo, el Gobierno seguirá fortaleciéndolas. Según Colombia Compra Eficiente, entre julio de 2023 y abril de 2024 se firmaron 2227 convenios solidarios por $257.537 millones. ¿A dónde irán esos recursos, me pregunto, en Juntas bajo el control de grupos ilegales?”, cuestionó Lafaurie.

Agregó que en octubre de 2023, la Comisión de Regalías del DNP aprobó la fórmula de Asignaciones Directas para las minorías étnicas, lo que representa una partida de $220.000 millones para 2023-2024.

De hecho, en año y medio, «el Gobierno entregó a 20 organizaciones la suma de ¡$198.237.808.986! en contratos para diversos y extraños propósitos», señaló el líder gremial.

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