La magistrada Cristina Pardo insistió sobre la importancia de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la participación de las comunidades indígenas y campesinas frente a la exploración y explotación de petróleo bajo la técnica conocida como fracking.
El debate se centra en una tutela contra el Ministerio de Minas y Energía y los proyectos piloto que tuvieron lugar en Puerto Wilches (Santander), donde la comunidad está compuesta en su mayoría por pescadores.
La tutela dice que a las comunidades no se le consultó previamente sobre la puesta en marcha de los pilotos. “Los pilotos avanzaron sin contar con un mecanismo de acceso a la información y sin que el Centro de Transparencia se hubiese puesto en funcionamiento. Estos pilotos se implementaron con restricciones impuestas por la pandemia. Se presentaron graves intimidaciones y amenazas a defensores ambientales”, dijo la magistrada.
Para la magistrada es clave que la Corte Constitucional se pronuncie sobre sobre la toma de decisiones en el marco del cambio climático, aún sabiendo que de por medio existen comunidades que han sido históricamente olvidadas por el Estado.
“Las comunidades no pudieron participar en la implementación de un proyecto cuyo daño ambiental no está descartado por la evidencia científica, sino que, al contrario, el daño que causa cuenta con amplio respaldo científico: el 69 % de los estudios realizados sobre el fracking-calidad del agua, muestran un riesgo potencial o evidencia real de contaminación del agua, mientras el 87 % de aquellos sobre la calidad del aire encuentran emisiones contaminantes significativas y el 84% sobre riesgos a la salud humana indican signos de daño o daño potencial”, destaca uno de los apartes de un estudio de la Universidad Nacional.
Para la magistrada Cristina Pardo, “resulta muy cuestionable, teniendo en cuenta la dinámica de la técnica de fracturación hidráulica, que solo se hubiese convocado a la población de la zona de influencia”.
