Consejo de Estado admite demanda contra el programa ‘Jóvenes en Paz’

El Consejo de Estado aceptó estudiar una demanda contra el decreto que creó el programa ‘Jóvenes en Paz’, impulsado por el Gobierno Nacional, con el que se busca entregar un subsidio a los jóvenes, con el objetivo de evitar que participen en actividades ilegales.

Los accionantes afirman que encontraron una serie de irregularidades, entre las de que destacan que el Gobierno estaría desconociendo el principio de igualdad, ya que el programa solo cobijaría a una parte de la población.

«Se evidencia un claro desconocimiento del precepto de igualdad enunciado en el párrafo precedente y consagrado en nuestra carta magna, toda vez que los beneficios consagrados en el citado Decreto, solo abarca a un grupo de la población en estado de vulnerabilidad el cual es el de jóvenes entre los 14 y 28», dice el documento.

Además, resaltan que se trata de un decreto emitido sin competencia, debido a que el programa implicaría el uso de recursos del Estado, lo que significa que la propuesta debía pasar por el Congreso para que se estudie su aprobación.

«Valga la pena resaltar que en este caso concreto no nos encontramos frente a un estado de excepción, donde el ejecutivo pueda modificar el presupuesto aprobado, razón por la cual se reitera que el Decreto objeto de estudio, estaría expedido con falta de competencia», añaden los accionantes.

También señalan que no existen actualmente programas que entreguen dinero sin algún órgano de control, pues señalan que el decreto no específica cuál es el mecanismo o requisitos que deben cumplirse por parte de quienes aspirarían a ser beneficiarios.

«Dentro de la normatividad legal vigente NO EXISTEN programas preventivos que entreguen recursos directamente sin ningún tipo de control, ni contraprestación por parte de los beneficiarios, como los que consagra este Decreto y en el texto del mismo no existe claridad sobre la escogencia de los beneficiarios y la duración de la intervención», concluye la demanda.

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El tribunal deberá estudiar los argumentos de los accionantes y la respuesta de las entidades demandadas para tomar una decisión de fondo con respecto a este caso.

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