El bombardeo que se llevó a cabo en el Departamento del Guaviare, el pasado 2 de marzo, permitió descubrir la carretera. La labor investigativa que se llevó por parte de la Dirección Especializada contra la Violación a los Derechos Humanos, con el apoyo de la Policía Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana quienes realizaron sobrevuelos y verificaciones sobre el área, permitieron identificar un corredor clandestino de más de 30 kilómetros, ubicado entre el sector poblado de Puerto Flores en la zona rural de San José del Guaviare, el río Inírida en límites con el Retorno.
Esa trocha, tenía un funcionamiento desde hace 6 meses aproximadamente y era utilizada para mover insumos químicos y otros elementos necesarios para el procesamiento de estupefacientes.
Así mismo, hay evidencia de que se habrían deforestado varias hectáreas de selva, una importante área de reserva de la Amazonía colombiana, en inmediaciones del resguardo indígena Nukak Makú, comunidad de especial protección constitucional por riesgo de exterminio físico y cultural, levantando viviendas artesanales y conformando asentamientos, para intentar dar apariencia de legalidad en esa zona.
A solicitud de la Fiscalía y en atención al material probatorio, un juez de control de garantías ordenó el cierre de la carretera y la destrucción manual de dos puentes de madera que se encontraban en el lugar.
De igual manera se pidió a las autoridades administrativas y a la fuerza pública, ejercer acciones preventivas y de control para evitar que sea aprovechada.
«De esta manera, se avanza en las acciones investigativas en defensa de los recursos naturales y se bloquean los corredores ilícitos de la criminalidad, aspectos priorizados por el Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa Delgado” afirmó, Deicy Jaramillo, directora Especializada contra Violaciones a Derechos Humanos.
