Destinó unos $2.000 millones para capacitaciones sobre el coronavirus. Otras 14 gobernaciones y 55 alcaldías están bajo la lupa.
El bloque conformado por la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía para evitar que haya corrupción en medio de la cuarentena por el coronavirus entregó sus primeros resultados.
En la mira están, tanto contratos a nivel nacional, como aquellos firmados por alcaldes y gobernadores. En ellos han encontrado posibles sobrecostos, contrataciones con proveedores no idóneos e irregularidades administrativas, entre otras conductas sospechosas.
Fernando Carrillo, procurador general de la Nación, explicó que las medidas contra Ariel Palacios, gobernador de Chocó, se tomaron por un contrato “con una fundación que no tiene la competencia para hacerlo, un contrato de más de 2.000 millones de pesos. No solo pedimos la suspensión del contrato, sino que hemos decidido suspender por los próximos tres meses, por posibilidad de reiteración de la falta”.
Se trata de un convenio con la fundación Chocó Saludable, la cual debía educar a los chocoanos en temas relacionados al COVID-19, tales como autocuidado, limpieza y desinfección, entre otros campos que, para la Procuraduría, no son “imperiosos” en esta emergencia.
La millonaria inversión “no podría ser considerada un aporte significativo a la mitigación de la pandemia”, teniendo en cuenta que existen otras prioridades como la dotación de elementos de bioseguridad al personal médico, señaló el organismo de control.
El Ministerio Público también advirtió que tiene 24 procesos disciplinarios abiertos contra 14 gobernaciones, 70 procesos contra 55 alcaldías y 24 de orden nacional.
La Fiscalía, por su parte, advirtió que hay investigaciones preliminares, incluso con funcionarios aforados.
La Contraloría indicó que también existen indagaciones previas a entidades como la Armada Nacional, el Ministerio de Defensa y en las gobernaciones de Guaviare, Vichada y Arauca.
Sobre este último departamento reveló el contralor Felipe Córdoba que se abrió un proceso de responsabilidad fiscal al gobernador Facundo Castillo por más de 1.000 millones de pesos debido a presuntos sobrecostos.
