Alertó que la población consumidora de medicinas dispensadas por distribuidores farmacéuticos mayoristas y minoristas está expuesta a un riesgo inminente
La Procuraduría General de la Nación instó a las secretarías de salud del país a verificar las condiciones de distribución y venta de los medicamentos que son comercializados en sus jurisdicciones, para evitar que problemas como los presentados en Bogotá, Cúcuta y Tumaco, con el embalaje del producto albendazol, que fue cambiado por tramadol, pongan en riesgos la salud e incluso, la vida de los ciudadanos.
El Ministerio Público alertó que la población consumidora de medicinas dispensadas por distribuidores farmacéuticos mayoristas y minoristas, está expuesta a un riesgo inminente, ya que podrían estar consumiendo por equivocación medicinas sin vigilancia ni prescripción médica.
Señaló que después de revisar la información recaudada en una acción preventiva, pudo identificar posibles irregularidades de los establecimientos farmacéuticos en el control y ejecución de los procesos de comercialización y dispensación de medicamentos.
Al parecer, las distribuidoras no estarían cumpliendo con los estándares de calidad establecidos, lo que podría estar poniendo en riesgo la salud, el bienestar y la vida de niños, jóvenes y adultos.
En comunicación dirigida a las secretarías de salud departamentales, distritales, municipales, y demás entidades responsables de la Inspección Vigilancia y Control -IVC-, de los servicios farmacéuticos, la Procuraduría recordó que es indispensable verificar el cumplimiento de las condiciones esenciales para la comercialización de medicamentos, tales como, soportes de recepción técnica, licencias sanitarias, relación de personal e infraestructura física, entre otros.
A través de las procuradurías regionales, provinciales y del nivel central iniciará procesos de vigilancia preventiva encaminados a identificar posibles anomalías e incumplimientos normativos, para que las autoridades locales adopten medidas que mitiguen los riesgos de afectación a la salud de la población, y garanticen que los servicios farmacéuticos cumplen con las normas establecidas para la venta de medicinas.
