La Corte constitucional estudia más de 70 decretos del gobierno. Hay posiciones encontradas de diferentes sectores.
A la Corte Constitucional han llegado por lo menos 72 decretos expedidos por el Gobierno, al amparo del estado de emergencia, para manejar la pandemia del coronavirus. Varios de ellos han despertado molestias. El alto tribunal tendrá grandes discusiones durante los próximos meses.
Son varias las normas que han generado disgusto. En Caracol Radio escogimos las 5 más polémicas y sobre las cuales en la Corte Constitucional hay posiciones encontradas sobre si se ajustan o no a la ley.
La primera tiene que ver con el decreto 417, el que declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y que, por supuesto, fue el primero que llegó para estudio del alto tribunal. Aunque la mayoría de los conceptos que han llegado van en vía de que debía decretarse ajustado a la norma, algunas versiones como la de los senadores Iván Cepeda y Roy Barreras dicen que allí se establecen medidas «insuficientes, inconvenientes y que no trazan directrices para fortalecer el sistema de salud».
Además, se dio una gran discusión se dio por cuenta de un decreto que reduce el porcentaje mínimo de tiempo de producciones nacionales en televisión. En Caracol Radio registramos la discordia entre el mismo gremio de actores.El decreto establece que, en los canales regionales y estaciones locales, la emisión de programación de producción nacional deberá ser del 20%, cuando antes era del 80%. La Corte Constitucional ya decreto la práctica de pruebas. Por ejemplo, pidió al Ministerio de las Tic enviar un análisis económico, operativo y estadístico que justifique la nueva asignación de los porcentajes sobre la cuota de pantalla nacional; al Gobierno central le pidió que explique si contempló otras medidas, como imponer a los operadores que acudan a producciones ya terminadas o repetirlas, para cumplir con la cuota de pantalla nacional.
Otros decretos de emergencia que han generado polémica son el que crea el Fondo de Mitigación de Emergencias y el de excarcelación.
La polémica en el primero de esos decretos es por el origen de los recursos, que el Gobierno se autopreste dinero de regalías y para el pago de pensiones. Para el estudio de esa norma han llegado por lo menos 40 intervenciones y pruebas. Ha llamado la atención que, aunque las críticas vengan de mandatarios locales, la Federación Nacional de Departamentos y la Federación de Municipios han respaldado la creación del fondo, pero si el Gobierno garantiza que devolverá los recursos y financiará las pensiones.
Y del decreto de excarcelación, que está en manos de la magistrada Diana Fajardo, ya se conoce que la Fiscalía dice que el decreto impone una discriminación injustificada en las cárceles, que el procedimiento es confuso y generará un caos en el sistema. También lo han criticado otras entidades oficiales, abogados, fundaciones y sindicatos del Inpec. Esmeralda Echeverry de la fundación Internacional Movimiento cárceles al Desnudo dice que es insuficiente y pide el indulto a la población vulnerable.
La Corte Constitucional le dio tres días al gobierno para que responda si es conveniente el decreto, si soluciona el hacinamiento carcelario y si ayuda a la prevención del coronavirus y pidió los conceptos de otras entidades para determinar la legalidad de la norma.
Otro polémica se ha generado con las sesiones virtuales del Congreso pues apenas en junio se conocería si son legales
El decreto 491, que habilita las sesiones no presenciales para el Congreso es uno de los más avanzados en su estudio. Está en manos de la Procuraduría, que debe enviar su concepto a la Corte. Sin embargo, cuando llegue se deberán contar, por lo menos, otros 27 días hábiles para que se tome una decisión. Esto quiere decir que solo a finales de mayo o inicios de junio se conocería si las sesiones que realiza el legislativo son legales. Hasta el momento en esas sesiones no se ha votado ningún proyecto de ley o de reforma constitucional, en buena medida porque los integrantes de la corporación que tienen dudas sobre la legalidad de las decisiones que puedan tomarse en medio de las sesiones virtuales.
